‒Dígale al general Pardo que este es el oso que está buscando ‒le dijo, con un oso de peluche en la mano, el narcotraficante Pablo Escobar a Iván Velásquez, quien en ese entonces, 1992, era procurador regional y estaba en la cárcel La Catedral enviado por el Procurador General Carlos Gustavo Arrieta.
Por esa época, medios como la revista Semana enfocaban sus esfuerzos reporteriles para esclarecer los rumores de que Escobar no vivía en una prisión, sino en un hotel de cinco estrellas donde ni el gobierno de la época, ni las autoridades podían ingresar. Velásquez fue acompañado por el procurador provincial de Medellín quien sólo llevaba una cámara fotográfica.
Antes de ingresar Velásquez se encontró con el entonces comandante de la Cuarta Brigada, general Gustavo Pardo Ariza, quien le dijo que informes de inteligencia aseguraban que entre las cosas que Escobar tenía en el lugar había una inmensa cascada y un oso. Pero cuando Velásquez preguntó por la cascada y el oso, Escobar le mostró un palo de bambú donde caía un chorro que se alimentaba con las aguas de un río aledaño, y el oso de peluche se lo habían regalado sus hijos.
Velásquez fotografió La Catedral, donde Escobar y diez de sus sicarios más cercanos ‒Popeye, Otto, Pasarela, Limón, entre otros‒ tenían habitaciones independientes con camas de agua, grandes televisores, cocineros privados, bibliotecas, cancha de fútbol y una capilla, entre otras excentricidades. Personas cercanas a la Procuraduría de entonces aseguran que Velásquez envió las fotos a Bogotá y el procurador Arrieta las guardó por un par de meses, hasta que periodistas de Semana se enteraron del asunto y lograron romper el silencio oficial. Publicaron algunas fotos que evidenciaron que el gobierno de César Gaviria había construido una cárcel a la medida de uno de los capos más sanguinarios de la historia de Colombia.
Como procurador regional, Iván Velásquez descubrió la cárcel de cinco estrellas que tenía Pablo Escobar en Envigado, Antioquia.
Desde entonces, Velásquez ha sido un hombre acostumbrado a guardar los secretos más escabrosos de la realidad nacional. Cualquier periodista daría lo que fuera por leer siquiera la décima parte de los documentos que tiene en su oscura oficina, de cerca de tres metros cuadrados donde tan sólo cabe un pequeño escritorio, un sillón para dos personas, un perchero, un computador y una grabadora. En el piso reposa su maleta, una pequeña caja de pandora que en los últimos años ha guardado las infidencias más explosivas sobre la parapolítica.
Por allí, desde 2005, han pasado más de cien investigaciones contra congresistas de todo el país, 23 condenas, 19 procesos en juicio y quince procesos más en instrucción. Sólo tres han sido absueltos por casos de “parapolítica”, una palabra que entrará a los libros de historia en parte gracias a Velásquez, un paisa nacido en 1955, hijo de un ama de casa que no cursó bachillerato y un papá rebuscador que reparaba radios, montó un restaurante y terminó como técnico de equipos odontológicos. Tenía seis hermanos.
Velásquez estudió en el Liceo Anexo a la Universidad de Antioquia, donde se destacó en matemáticas y álgebra. En 1975 ingresó a la facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, y empezó a trabajar a la vez como escribiente en un juzgado del Circuito de Medellín, el rango más bajo de la carrera judicial. Luego se convirtió en oficial mayor del juzgado 15 Penal, de allí pasó al Sexto Superior de Medellín, se graduó en 1981, litigó durante ocho años y en 1989 se convirtió en presidente del Colegio Antioqueño de Abogados.
Después de su paso por la procuraduría, Velásquez fue nombrado magistrado auxiliar del Consejo de Estado en 1996, pero al año siguiente fue designado como director regional de Fiscalías de Medellín, donde coordinaba a los fiscales sin rostro, que estaban dedicados a la exclusiva investigación de paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. Allí empezó a conocer el tema que ahora le ocupa: el paramilitarismo.
Iván Velásquez coordina el grupo de magistrados auxiliares que investigan la parapolítica.
En el Parqueadero Padilla, en el centro de Medellín, encontró decenas de disquetes, libros de contabilidad y miles de consignaciones que evidenciaban que las AUC habían llegado para quedarse en la vida del país. Una verdadera oficina de cobro al servicio del crimen. Era el 30 de abril de 1998.
Dos años después, tres escoltas lo montaron en un avión rumbo a Bogotá. Una llamada del magistrado de la sala penal de la Corte Suprema Álvaro Orlando Pérez, le dijo que lo quería tener en su despacho como magistrado auxiliar. Así llegó el escribiente a la máxima instancia de lo penal en Colombia.
Siete años después, Velásquez ya estaba hundido en el lodo de la parapolítica. El paramilitar alias “Tazmania” aseguró que Velásquez le había ofrecido beneficios a cambio de incriminar al presidente Uribe en un delito. Tiempo después se supo que el montaje había sido orquestado en buena medida, por el senador Mario Uribe, primo del presidente. Velásquez ya llevaba dos años tras las pistas que Salvatore Mancuso y Vicente Castaño habían dado sobre la participación de las AUC en 30% del Congreso de la República.
Velásquez coordinaba una comisión de ocho magistrados auxiliares que dependían sólo de la Sala Penal. En noviembre de 2006 se dieron las primeras capturas de los congresistas Álvaro García, Erick Morris y Jairo Merlano, seguidos por Álvaro Araújo, Alfonso Escobar, Luis Eduardo Víves, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento. La Corte comenzaba a desmoronar el poder político regional, y fue señalada de caerle con todo su peso al uribismo, porque esos congresistas, que hicieron causa común con los paramilitares, representaban al movimiento del ex presidente en esos departamentos.
Los primeros detenidos por parapolítica fueron los congresistas Erick Morris, Jairo Merlano y Álvaro García.
Otro paramilitar, Edwin Guzmán, aseguró que Velásquez también le había ofrecido prebendas para involucrar a Uribe en otro delito. Y así sucesivamente. Cuatro complots en tres años. Todos se desactivaron. La popularidad de Velásquez crecía y los magistrados, sus jefes, creían más en él. Así llegaron las interceptaciones a su teléfono y a los de sus tres hijos y esposa.
El 27 de octubre de 2010, el magistrado viajó a Washington y se desahogó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde dijo que el Estado colombiano no había cumplido con la responsabilidad de protegerlo. Un día después, en una entrevista con La W Radio, Velásquez volvió a hablar duro, como pocas veces lo hacía. Allí dijo que el DAS había ocultado y destruido pruebas sobre seguimientos ilegales que ese organismo le hacía a él y a su familia. Hasta ese momento su familia recibió protección.
Con los escoltas y el peligro a cuesta, Velásquez debía seguir la faena. Fue a Washington a recibir una declaración del “Tuso Sierra”, que hoy se ha convertido en el mayor problema de políticos y militares. Otro día fue a Nueva York para hablar con el ex jefe paramilitar “Don Berna”. Otro más fue a Itagüí a recibir otra declaración de un paramilitar arrepentido. Y durante otros días ha recorrido despachos judiciales y barrios completos, de Cesar, Magdalena y Antioquia rescatando testimonios comprometedores. Ahora cumple una nueva misión: es el enlace entre la Corte Suprema y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que los paramilitares extraditados y testigos protegidos colaboren con la justicia colombiana.
En 2007 la Corte ordenó las segundas capturas por parapolítica. El turno fue para Luis Eduardo Vives y Mauricio Pimiento.
Por eso, Velásquez nunca tiene tiempo. Si logra concertar una cita con alguien, mira el reloj mil veces durante la reunión. No tiene comida o restaurante preferido. Vive sólo por y para su familia y para sus procesos donde es extremadamente riguroso. Es frío, seco y habla lo necesario, a veces con monosílabos. Su ilusión es llegar a ser magistrado titular, donde ha aspirado en por lo menos cuatro oportunidades.
Su mayor satisfacción ha sido que nadie le ha probado ninguna falta en su carrera profesional. Es reservado en exceso, y tal vez no le afecta pasar por descortés al dejar a un periodista o a un abogado con la palabra en la boca cuando le preguntan por un dato que no puede soltar.
Velásquez siente indignación cuando le hacen un montaje, pero está convencido que debe seguir asumiendo riesgos. Al cerrar la entrevista le pregunté:
–¿Qué siente un servidor judicial cuando le han hecho tantos montajes?
–Siento temor que después de tantos intentos fallidos se organice uno nuevo. Uno muy bien estructurado.
–¿Y qué piensa que uno de esos montajes haya salido de la Casa de Nariño?
–Se le acabó su tiempo, periodista ‒concluyó Velásquez.
Como procurador regional, Iván Velásquez descubrió la cárcel de cinco estrellas que tenía Pablo Escobar en Envigado, Antioquia.
Desde entonces, Velásquez ha sido un hombre acostumbrado a guardar los secretos más escabrosos de la realidad nacional. Cualquier periodista daría lo que fuera por leer siquiera la décima parte de los documentos que tiene en su oscura oficina, de cerca de tres metros cuadrados donde tan sólo cabe un pequeño escritorio, un sillón para dos personas, un perchero, un computador y una grabadora. En el piso reposa su maleta, una pequeña caja de pandora que en los últimos años ha guardado las infidencias más explosivas sobre la parapolítica.
Por allí, desde 2005, han pasado más de cien investigaciones contra congresistas de todo el país, 23 condenas, 19 procesos en juicio y quince procesos más en instrucción. Sólo tres han sido absueltos por casos de “parapolítica”, una palabra que entrará a los libros de historia en parte gracias a Velásquez, un paisa nacido en 1955, hijo de un ama de casa que no cursó bachillerato y un papá rebuscador que reparaba radios, montó un restaurante y terminó como técnico de equipos odontológicos. Tenía seis hermanos.
Velásquez estudió en el Liceo Anexo a la Universidad de Antioquia, donde se destacó en matemáticas y álgebra. En 1975 ingresó a la facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, y empezó a trabajar a la vez como escribiente en un juzgado del Circuito de Medellín, el rango más bajo de la carrera judicial. Luego se convirtió en oficial mayor del juzgado 15 Penal, de allí pasó al Sexto Superior de Medellín, se graduó en 1981, litigó durante ocho años y en 1989 se convirtió en presidente del Colegio Antioqueño de Abogados.
Después de su paso por la procuraduría, Velásquez fue nombrado magistrado auxiliar del Consejo de Estado en 1996, pero al año siguiente fue designado como director regional de Fiscalías de Medellín, donde coordinaba a los fiscales sin rostro, que estaban dedicados a la exclusiva investigación de paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. Allí empezó a conocer el tema que ahora le ocupa: el paramilitarismo.
Iván Velásquez coordina el grupo de magistrados auxiliares que investigan la parapolítica.
En el Parqueadero Padilla, en el centro de Medellín, encontró decenas de disquetes, libros de contabilidad y miles de consignaciones que evidenciaban que las AUC habían llegado para quedarse en la vida del país. Una verdadera oficina de cobro al servicio del crimen. Era el 30 de abril de 1998.
Dos años después, tres escoltas lo montaron en un avión rumbo a Bogotá. Una llamada del magistrado de la sala penal de la Corte Suprema Álvaro Orlando Pérez, le dijo que lo quería tener en su despacho como magistrado auxiliar. Así llegó el escribiente a la máxima instancia de lo penal en Colombia.
Siete años después, Velásquez ya estaba hundido en el lodo de la parapolítica. El paramilitar alias “Tazmania” aseguró que Velásquez le había ofrecido beneficios a cambio de incriminar al presidente Uribe en un delito. Tiempo después se supo que el montaje había sido orquestado en buena medida, por el senador Mario Uribe, primo del presidente. Velásquez ya llevaba dos años tras las pistas que Salvatore Mancuso y Vicente Castaño habían dado sobre la participación de las AUC en 30% del Congreso de la República.
Velásquez coordinaba una comisión de ocho magistrados auxiliares que dependían sólo de la Sala Penal. En noviembre de 2006 se dieron las primeras capturas de los congresistas Álvaro García, Erick Morris y Jairo Merlano, seguidos por Álvaro Araújo, Alfonso Escobar, Luis Eduardo Víves, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento. La Corte comenzaba a desmoronar el poder político regional, y fue señalada de caerle con todo su peso al uribismo, porque esos congresistas, que hicieron causa común con los paramilitares, representaban al movimiento del ex presidente en esos departamentos.
Los primeros detenidos por parapolítica fueron los congresistas Erick Morris, Jairo Merlano y Álvaro García.
Otro paramilitar, Edwin Guzmán, aseguró que Velásquez también le había ofrecido prebendas para involucrar a Uribe en otro delito. Y así sucesivamente. Cuatro complots en tres años. Todos se desactivaron. La popularidad de Velásquez crecía y los magistrados, sus jefes, creían más en él. Así llegaron las interceptaciones a su teléfono y a los de sus tres hijos y esposa.
El 27 de octubre de 2010, el magistrado viajó a Washington y se desahogó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde dijo que el Estado colombiano no había cumplido con la responsabilidad de protegerlo. Un día después, en una entrevista con La W Radio, Velásquez volvió a hablar duro, como pocas veces lo hacía. Allí dijo que el DAS había ocultado y destruido pruebas sobre seguimientos ilegales que ese organismo le hacía a él y a su familia. Hasta ese momento su familia recibió protección.
Con los escoltas y el peligro a cuesta, Velásquez debía seguir la faena. Fue a Washington a recibir una declaración del “Tuso Sierra”, que hoy se ha convertido en el mayor problema de políticos y militares. Otro día fue a Nueva York para hablar con el ex jefe paramilitar “Don Berna”. Otro más fue a Itagüí a recibir otra declaración de un paramilitar arrepentido. Y durante otros días ha recorrido despachos judiciales y barrios completos, de Cesar, Magdalena y Antioquia rescatando testimonios comprometedores. Ahora cumple una nueva misión: es el enlace entre la Corte Suprema y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que los paramilitares extraditados y testigos protegidos colaboren con la justicia colombiana.
En 2007 la Corte ordenó las segundas capturas por parapolítica. El turno fue para Luis Eduardo Vives y Mauricio Pimiento.
Por eso, Velásquez nunca tiene tiempo. Si logra concertar una cita con alguien, mira el reloj mil veces durante la reunión. No tiene comida o restaurante preferido. Vive sólo por y para su familia y para sus procesos donde es extremadamente riguroso. Es frío, seco y habla lo necesario, a veces con monosílabos. Su ilusión es llegar a ser magistrado titular, donde ha aspirado en por lo menos cuatro oportunidades.
Su mayor satisfacción ha sido que nadie le ha probado ninguna falta en su carrera profesional. Es reservado en exceso, y tal vez no le afecta pasar por descortés al dejar a un periodista o a un abogado con la palabra en la boca cuando le preguntan por un dato que no puede soltar.
Velásquez siente indignación cuando le hacen un montaje, pero está convencido que debe seguir asumiendo riesgos. Al cerrar la entrevista le pregunté:
–¿Qué siente un servidor judicial cuando le han hecho tantos montajes?
–Siento temor que después de tantos intentos fallidos se organice uno nuevo. Uno muy bien estructurado.
–¿Y qué piensa que uno de esos montajes haya salido de la Casa de Nariño?
–Se le acabó su tiempo, periodista ‒concluyó Velásquez.
