Las presuntas 'carpetas secretas' del Ejército Nacional han generado todo un escándalo en el país luego de que la Revista Semana revelara algunos nombres de las más de 130 personas que estarían siendo perfiladas por una parte de la fuerza militar, al parecer, sin permiso alguno.
Periodistas, políticos, sindicalistas, funcionarios de la Presidencia y exministros estarían bajo la mira de algunos miembros de la institución, quienes presuntamente desarrollaron este ejercicio entre febrero y diciembre de 2019.
Según el medio de comunicación impreso, las autoridades habrían interceptado datos importantes de hasta corresponsales extranjeros con el fin de tener una información más cercana y un seguimiento sin precedentes.
Periodistas como Nick Casey (The New York Times), María Alejandra Villamizar (Noticias Caracol), Yolanda Ruiz (RCN Radio), Daniel Coronell; y políticos como Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino aparecen en esa lista.
Este hecho generó una reacción inmediata entre la Comisión de la Verdad, quien solicitó al Ministerio de Defensa los documentos relacionados con presuntos espionajes y perfilamientos por parte de la inteligencia del Ejército Nacional.
La Fiscalía General de la Nación dispuso a un funcionario especial para investigar las presuntas interceptaciones que al parecer se realizaron con herramientas de última tecnología de inteligencia informática y software.
La Defensoría del Pueblo fue tajante en su pronunciamiento, afirmando que "las actividades de inteligencia en un Estado como el colombiano son esenciales cuando se dirigen a combatir la criminalidad, prevenir y esclarecer graves violaciones a los Derechos Humanos; pero si se hacen con fines de persecución política atentan contra ellos".
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en defensa de los periodistas, se cuestionó quién está detrás de esta situación "que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país".
Asimismo resaltó que este ejercicio se estaría desarrollando desde el interior de la base militar, "precisamente para blindarse de allanamientos de la justicia y de los medios de comunicación".
¿Cuál es la respuesta del presidente Duque ante esta situación?
El mandatario nacional Iván Duque reaccionó a las presuntas 'carpetas secretas' a cargo de algunos integrantes del Ejército Nacional, exaltando que no tolerará que un miembro de la institución deshonre el uniforme y actúe en contra de la ley.
Por esta razón dispuso al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo a que lidere esta investigación para conocer una respuesta clara y contundente.
"Rechazo de manera categórica y tajante cualquier acción que vaya en contra de esa libertad de prensa”, agregó el presidente de la República.
¿A qué se podrían enfrentar?
11 oficiales del Ejército Nacional, quienes fueron separados de su cargo, y un brigadier general, quien postuló su baja voluntariamente por emplear de manera irregular las capacidades de la inteligencia militar, podrían pagar penas por concierto para delinquir y otras conductas delictivas en caso de comprobarse esta situación.
El abogado penalista Augusto Ocampo calificó este hecho como "supremamente grave", ya que, según él, esta es una versión mejorada de las chuzadas que ocurrieron en el pasado.
"Los seguimientos y la perfilación de los objetivos involucran hoy en un mayor número de personas entre periodistas, funcionarios públicos y líderes políticos sobre todo de oposición", dijo en diálogo con KienyKe.com.
Por su parte, su colega, el abogado Daniel Taboada, afirmó a este medio que "hasta el momento lo relativo a seguimientos, chuzadas o interceptaciones está muy difuso y no se ve ninguna prueba clara de que en realidad ocurrió".
Sin embargo, hay una premisa que para el experto es clara y verídica. "La hipótesis que parece más sólida es que algunos militares usaron estas bases de datos para 'perfilar' a algunos periodistas y personajes de la vida pública", analizó.
Ambos profesionales exaltaron que este hecho no puede ensuciar el nombre y las labores del Ejército Nacional, ya que en su mayoría se trata de "personas sacrificadas, honorables y disciplinadas".
A pesar de las múltiples publicaciones que se han realizado entorno a este suceso, Ocampo y Taboada coincidieron en que por ahora solo hay especulaciones al respecto.
"Este escándalo solo podrá ser desmembrado a partir de las serias, imparciales y decididas investigaciones que a partir de la fecha son imperativas", manifestó Ocampo.
A lo que Tabaoda agregó: "Da la impresión que los pocos militares activos o retirados que pudieron tener que ver con estos hechos, están intentando influir en los medios de comunicación y en las autoridades para dirigirlas lejos de los responsables".
Respecto a las penas, Ocampo referenció que los oficiales investigados podrían enfrentar castigos por atentar "contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos".
Asimismo, Tabaoda precisó que "los hechos parecen encajar en el abuso de función pública con pena de 16 a 36 meses de prisión".
En conclusión, los expertos subrayaron que "la solución no puede ser retirar discrecionalmente algunos militares sin mayores explicaciones y exponerlos públicamente".
Según ellos, esta decisión puede generar más dudas entre la población y dañar la imagen de una institución que trabaja y defiende a sus connacionales.
