Expertos consultados por KienyKe.com aseguraron que la implementación de la cadena perpetua en Colombia podría tener un efecto contrario al de proteger los derechos constitucionales de los menores de edad, pues argumentaron que no disuade la comisión de este tipo de delitos y sí terminaría reduciendo el tiempo en prisión de los violadores y/o asesinos de niños y niñas.
El exministro de Justicia Yesid Reyes explicó a KienyKe.com que anteriores proyectos de cadena perpetua presentados en el Congreso de la República se hundieron porque desconocían la función resocializadora de la pena que reconoce la ley y la Corte Constitucional, debido a que la medida impediría que una persona condenada por este tipo de actos vuelva a reintegrarse a la sociedad.
Reyes señaló que como los impulsores de este proyecto se dieron cuenta de ese problema, decidieron hacerlo compatible con este mandato y redactaron el artículo que establece que, en todo caso, la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a los 25 años para evaluar la resocialización del condenado, un tiempo menor al que está estipulado en la ley actual.
Según dijo, quien hoy en día viole y/o asesine a un menor de edad puede ser sentenciado a una pena máxima de 60 años de cárcel, que con trabajo y estudio se obtendría una redención no menor a los 40 años porque los condenados por este tipo de crímenes, como Rafael Uribe Noguera, no cuentan con ningún tipo de beneficio adicional.
Aseguró que, con la implementación de este proyecto de cadena perpetua, las personas condenadas podrían ser excarceladas a los 25 años, que en la práctica se convertirían en 16 y medio si demuestran haberse resocializado.
“Una persona condenada a cadena perpetua puede a los 16 años y medio levantar la mano y decir que tiene derecho a que verifiquen si está resocializado y así quedar en libertad. Con la ley actual nunca podrían salir de la cárcel en un tiempo menor a los 40 años. En conclusión: el Congreso les rebajó la pena física de 40 a 16 años y medio, lo que es una contradicción a lo que busca el proyecto aprobado", afirmó.
¿Beneficiaría a condenados como Rafael Uribe Noguera y Luis Alberto Garavito?
El abogado Oscar Sierra Fajardo estuvo de acuerdo en que la cadena perpetua podría, paradójicamente, terminar beneficiando a los violadores y/o asesinos de menores de edad al darles la posibilidad de que su pena sea revisable en un tiempo menor al que está estipulado en la actualidad.
Aseguró que, por ejemplo, a Rafael Uribe Noguera, condenado a 58 años por el crimen de Yuliana Samboní, y a Luis Alberto Garavito, condenado a 40 años por violar y asesinar a más de 200 niños y niñas, no se les impondría la cadena perpetua y, por el contrario, podrían pedir revisión de su sentencia a los 25 años por tratarse de una norma mucho más favorable, que perfectamente pueden invocar siempre y cuando demuestren que se resocializaron.
“Podrían perfectamente acudir ante un juez de ejecución de penas para que este se pronuncie acerca de su resocialización y eventualmente modificar sus penas”, afirmó.
Cadena perpetua no pasaría su evaluación en la Corte Constitucional
El exministro Yesid Reyes señaló a KienyKe.com que, a su juicio, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños no pasará su evaluación ante la Corte Constitucional porque va en contravía de la dignidad humana, uno de los ejes estructurales de la Constitución Política de 1991.
“Todo lo que llamamos Estado Social de Derecho está construido desde el concepto de la dignidad humana. Yo creo que la Corte Constitucional decidirá tumbar la cadena perpetua porque, precisamente, no puede existir ninguna reforma a la Constitución que afecte ese pilar fundamental establecido en el país”, mencionó.
Según dijo, los congresistas deben dejar de legislar “con el corazón” y con la falsa promesa de proteger los derechos de los menores de edad, pues estas medidas “son ineficaces” y pueden tener unas consecuencias negativas irremediables.
El abogado Oscar Sierra Fajardo, por su parte, aseguró que el aumento de las penas no protege en nada a las víctimas de este tipo de delitos.
“Esa es la mentira más grande que se volvió un escudo de este proyecto de acto legislativo. Con el aumento de penas solo se destinan más recursos y atención a los victimarios. No existe ningún estudio que pueda concluir que a mayor pena menor incidencia en el delito y esa es la falacia con la que se mantuvo en pie la iniciativa”, opinó.
Por último, indicó que se vendrán muchas demandas que buscarán que esta pena jamás se implemente en el país.
“La Corte Constitucional tendrá la última palabra. Será muy difícil de conciliar estas penas tan drásticas frente a la prevención especial positiva, que es el fin último de la pena, la resocialización, la rehabilitación del condenado, en una pena perpetua esos fines no se consiguen”, finalizó.
