En la tarde de este miércoles, 29 de enero, una de los grandes sufragios que vivió el país en temas de relaciones exteriores, ha terminado. Thomas Greg & Sons ha desistido en su millonaria demanda contra el Estado colombiano.
Esto representa una última victoria del Canciller, Luis Gilberto Murillo, quien deja hoy su cargo en manos de la exdirectora del Dapre y mano derecha del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia.
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La Unión Temporal de Pasaportes 2023, hace parte de la firma Thomas Greg & Sons, publicó un comunicado en el cual indican que se “ha decidido voluntariamente desistir de las pretensiones de la demanda para dar por terminado el conflicto que sostuvo con el Ministerio”.
Vale la pena recordar que, la reclamación ascendía a los 117.000 millones de pesos. En los trámites que los trajeron hasta este punto, se recuerda el litigio en el año 2023 cuando el Gobierno de Gustavo Petro declaró desierta la licitación de expedición de pasaportes y visas en donde esta compañía era la única que cumplía con los requisitos.
Estos trámites le costaron el puesto al entonces canciller Álvaro Leyva, quien sería inhabilitado por la Procuraduría para ocupar cargos públicos durante 10 años, en su reemplazo llegaría el que hasta hoy funge como canciller, Luis Gilberto Murillo, quien cierra su gestión con lo que se podría considerar una victoría.
En el mismo comunicado, la Unión Temporal de Pasaportes 2023, se mantiene en que su “pretensión principal era que se le permitiera ejecutar el contrato objeto de dicha licitación”, señalando que esta disputa “no se identifica con la visión corporativa de los miembros de la UT”, indicaron.
El pleito entre estas empresas y el Gobierno Nacional se reflejaba en una discusión jurídica: por un lado, en la parte del presidente Gustavo Petro insistía que en su mandato no debían entregarse licitaciones cuando hubiera un único, ya que en estos casos, los concursos debían declararse desiertos.
Bajo esa premisa, Leyva cumplió con la indicación. Sin embargo, otras 10 empresas que también se habían presentado, denunciaron presuntos amaños, ya que les solicitaban plantas de producción en Bogotá o plazos muy cortos para preparar y presentar los documentos solicitados. Requisitos con los que solo podía cumplir Thomas Greg & Sons.
A Leyva se le inhabilitó, ya que, al considerar que esta empresa no podía ser la dueña de los pasaportes debido a que contaba con más contratos dentro del Estado, no era óptima para darle esta designación. Sin embargo, ante la ley colombiana no existe veto para que se le adjudique un contrato al único oferente de una licitación pública, lo que llevó a la inhabilitación del funcionario, justificando que “su deber era evitar el caos administrativo".
