Tras el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales, conocidos en la prensa como las “chuzadas”, Danna Alejandra Canizales y Luis Alfonso Quinchanegua, dos agentes de la Policía Nacional, han aceptado cargos relacionados con la interceptación ilegal de las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, empleadas de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Este desarrollo marca un avance crucial en el proceso legal que ha captado la atención mediática y pública.
El 4 de septiembre de 2024, durante una audiencia en la que se presentó un preacuerdo, la Fiscalía General de la Nación anunció que Canizales y Quinchanegua habían admitido su participación en delitos graves.
Los cargos aceptados incluyen fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público. Además, los agentes han firmado un principio de oportunidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones. Esta medida les permitirá actuar como testigos de cargo en futuros procesos penales relacionados con el caso.
Cabe recordar que el escándalo de las “chuzadas” surgió a raíz de la interceptación ilegal de las comunicaciones de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, y de Fabiola Perea, otra trabajadora doméstica vinculada a la misma casa.
Las pruebas indican que estas intervenciones telefónicas fueron llevadas a cabo bajo pretextos fraudulentos, como la suposición de un robo en la residencia de Sarabia.
En su declaración, Canizales expresó: “En mi condición como patrullera al momento de los hechos, con solo dos años en la institución y por falta de experiencia, recibí órdenes de mis superiores y creí que podía hacer un trabajo honesto. Sin embargo, quiero pedir disculpas a las víctimas”.
Quinchanegua, por su parte, ofreció una disculpa similar, afirmando: “A todas las partes afectadas, a los ciudadanos que afectamos tanto moral como psicológicamente, prometo no volver a hacerlo”.
El principio de oportunidad
El principio de oportunidad, que ofrece inmunidad parcial a los acusados, está pendiente de la firma de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Esta medida se presentará ante un juez de control de garantías y tiene como objetivo que los agentes proporcionen información crucial sobre los hechos que llevaron a las interceptaciones ilegales.
El pasado miércoles 11 de septiembre de 2024 estaba previsto el inicio del juicio contra otros dos implicados en el caso: Carlos Andrés Correa Loaiza, capitán de la Policía, y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas. Ambos están acusados de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.
La Fiscalía General ha presentado evidencias que sugieren que estos agentes falsificaron informes de inteligencia para obtener autorizaciones judiciales fraudulentas.
El caso de las “chuzadas” ha puesto en evidencia prácticas ilegales dentro de la Policía Nacional y ha generado una fuerte reacción tanto a nivel mediático como público.
La investigación ha revelado que varios agentes utilizaron información falsa para obtener permisos judiciales para interceptar comunicaciones de individuos no relacionados con las investigaciones oficiales. Esta situación ha llevado a la denuncia de falsificaciones y manipulaciones que comprometieron la legitimidad de las decisiones judiciales.
Entre los implicados también se encuentran el coronel Carlos Feria y el general Luis Mauricio Ospina, quienes, junto con Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro, están siendo investigados debido a su conexión con las víctimas de las interceptaciones. Se alega que los informes falsificados fueron presentados a un fiscal especializado, quien aprobó las intervenciones basándose en datos incorrectos.
