Al inicio de esta semana se conoció que la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión de la Sala Amnistía o Indulto (SAI) de la JEP, sobre el atentado con un ‘burro bomba’, ocurrido en 1996 y cuya responsabilidad es de las Farc en Ovejas, Sucre.
El Ministerio Público argumentó que no se hizo un estudio integral del caso y que, en el ataque, ocurrieron más hechos, los cuales fueron dejados de lado.
Cierre de vías de acceso al municipio y retención de los pobladores fueron otros delitos, a los que se suman el daño a la infraestructura pública, como la Alcaldía, el colegio, el centro de salud y varias casas.
Procuraduría pide explicación a la JEP
"El episodio ocurrió el 12 de marzo de 1996 en el corregimiento de Chalán, municipio de Ovejas, Sucre. Las Farc llevaron a cabo una acción militar que comprendió, entre otras, la toma de la estación de policía frente de la cual detonaron a control remoto un explosivo oculto bajo racimos de plátano, en la carga puesta a un burro", recogió el ente de control.
Jairo Acosta Aristizabal, procurador delegado ante la JEP, fue enfático en que ataques como estos hacen parte de un fenómeno de "macrovictimización", pues va más allá del homicidio.
Es por eso que se solicita a la JEP que:
- Los testimonios no los den solo los familiares de los policías asesinados, sino varios afectados por la explosión y la acción terrorista.
- El caso sea analizado a la luz del Derecho Internacional Humanitario, con la convenciones de La Haya y Ginebra.
"Contrario a lo dicho por la JEP, para la Procuraduría sí se puede inferir tanto la eventual existencia de una función continua de combate por parte de los policías, como una ventaja militar concreta y directa, derivada de la presencia de armamento de largo alcance (12 fusiles Galil, 5 revólveres calibre 38) en el comando, lo cual convertiría a los policías de esa estación en objetivo militar", expone.
Además, “al reducir la magistratura el análisis al principio de distinción, sin evaluar los fines o propósitos militares perseguidos con el ataque –ventaja militar– en virtud del conflicto armado, podría perder competencia material la JEP y la investigación le correspondería a la justicia ordinaria”.
