Tras la reunión del pasado jueves con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y otras voces sociales y gubernamentales, se dio por terminada la visita de trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Colombia, que adelantaba desde el 8 de junio para determinar si han habido o no violaciones de derechos en el marco de las protestas del Paro Nacional. Precisamente, uno de los últimos turnos para hablar fue el de la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.
Lo cierto es que la agenda de la CIDH en el país estuvo bastante ocupada, ya que en ella se incluyeron visitas a las ciudades más afectadas por el Paro y reuniones con el presidente Iván Duque, así como con distintas autoridades gubernamentales, representantes gremiales, sindicalistas, colectivos, organizaciones étnicas y demás poblaciones que se han visto afectadas en estos 45 días de protestas.
Según las cifras del último boletín de la Consejería para los Derechos Humanos, durante el Paro Nacional se han reportado 48 personas muertas, 20 de las cuales tienen relación directa con las manifestaciones, datos que han sido entregados a la Corte en el informe “Instrumentos de Política Pública de DDHH en Colombia y Gestión del Estado Colombiano en el Marco de la Contingencia Social”.
Sumado a ello, se cuentan 111 personas desaparecidas (tres de ellas denunciadas formalmente), 180 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias de la Policía, 2 uniformados fallecidos y más de 4 mil bienes afectados, siendo considerados para tal cifra todas aquellas propiedades privadas, públicas y policiales que han sido destruidas o incineradas durante el transcurso del Paro Nacional.
En diálogo con Kienyke.com, la consejera Nancy Patricia profundiza sobre la experiencia que tuvo el Gobierno en los diálogos y los enormes retos que le esperan a Colombia en materia de Derechos Humanos. La funcionaria tuvo la oportunidad de estar presente en las reuniones de la CIDH con los principales representantes de la política nacional.
Pregunta: Consejera, ¿cuál fue el eje principal de la reunión de la Consejería con la CIDH?
Respuesta: Nosotros presentamos un informe de la política pública de Derechos Humanos y específicamente también hicimos un recuento de las acciones que se tienen. A partir de la contingencia del 28 de abril hasta la fecha, diariamente estamos haciendo un reporte de cifras que recogemos desde las diferentes entidades públicas. Aquí lo más importante es demostrar que el Estado está actuando en torno a la vulneración de Derechos Humanos. No desconocemos que se han presentado y esperamos que haya aplicación de justicia.
P: ¿Qué investigaciones o procesos adelanta la Consejería en relación con las violaciones de DD.HH durante las protestas?
R: Efectivamente hay vulneración de derechos y para definir las responsabilidades hay que esperar las investigaciones correspondientes. Entonces, por ejemplo, se mantiene la cifra de tres denuncias formales por presunta desaparición forzada; de igual manera hay un reporte de 20 homicidios relacionados con las manifestaciones y 9 que están en proceso de verificación. Ya hay cuatro casos esclarecidos, tres de los cuales son atribuidos a la Fuerza Pública y uno a particulares. Además, hay dos personas que fallecieron y hacían parte de la Policía.
P: ¿Cuál es el delito o derecho vulnerado que más le preocupa al Gobierno en el marco del Paro Nacional?
R: El conjunto de acciones de vulneración de derechos generan una gran preocupación. Es una contingencia social muy grave pues, efectivamente, hay un número grandísimo de personas que han muerto en medio de esta contingencia: 48 es un número importante de pérdida de vidas. Pero también lo es el de personas que han salido lesionadas, ya que hay 1.108 civiles y 1.283 uniformados lesionados.
Además de eso hay un conjunto de derechos vulnerados, entre otros los de la libertad, el derecho a la salud, a la alimentación, se ha atentado contra bienes públicos y privados, se han vulnerado los derechos al transporte, a la movilidad, al desarrollo social y cultural, al trabajo, a la vivienda, al acceso a servicio públicos, entre otros tantos.
P: Usted presenció casi todas las reuniones de la CIDH con el Gobierno, ¿cuál sería ese posible balance de los diálogos?
R: La presidenta de la Corte Interamericana le manifestó al presidente que harían una verificación y un monitoreo con unos resultados objetivos. Le dio ese compromiso de objetividad en el análisis de la información.
Reforma a la Policía
P: El presidente ya anunció una reforma estructural a la Policía Nacional, ¿qué papel jugaría la Consejería en ese proceso de transformación?
R: El presidente ha anunciado que a partir del proyecto que presentará el 20 de julio se abrirá una discusión amplia para la participación de todos los sectores de la población. Obviamente habrá una discusión que se dará al interior del Congreso de la República, pero la posibilidad de que haya audiencias para que las personas puedan opinar yo creo que es algo importante. Aquí lo que hay que destacar es que el Estado colombiano no es un violador de Derechos Humanos.
La reforma a la Policía será la oportunidad para convocar a la nación a hacer un gran pacto a la no violencia, en la medida en que se pueda garantizar el derecho a la protesta pacífica. Pero esa garantía de “pacificidad” la tiene que dar la sociedad colombiana, es decir, que no haya violencia y con eso tampoco se obliga a la intervención de la Fuerza Pública. En los casos en que ésta deba intervenir, se reforzará toda la capacitación entorno a la proporcionalidad y a los DD.HH
P: En caso de que la Corte llegase a determinar que sí hubo violación de derechos por parte del Gobierno, ¿qué le podría esperar al país?
R: No nos podemos anticipar a nada, simplemente como Gobierno estaremos atentos al pronunciamiento que haga la Comisión entorno a todo lo que han hecho de verificación en Colombia. La Comisión lo que ha dicho es que terminando su jornada de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad, regresarán a Washington y en los próximos días estarán haciendo un pronunciamiento. Estaremos atentos a ello, pero lo que digo es que una contingencia social tan grave como esta nos deja enseñanzas.
En primer lugar, hay una serie de solicitudes y de reivindicaciones sociales y económicas que nos corresponde como Estado y como conjunto de sociedad mirar cómo se solucionan y cómo se enfrentan. Hay que mantener abiertos los canales de diálogo con los diferentes sectores que se han expresado, también hay que fortalecer la capacitación en materia de DD.HH para la Fuerza Pública e insistir como sociedad en el respeto de los unos con los otros. Si logramos que ese sea un valor general, conseguiremos que estos hechos de violencia no se vuelvan a presentar.
