El reciente anuncio de ajustes en el programa 'Mi Casa Ya', realizado por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), ha generado una oleada de críticas y preocupación en distintos sectores del país. La decisión de suspender nuevas postulaciones para la vigencia 2025 y limitar el beneficio a los hogares que ya cuentan con el estado “Solicitante Preasignación – Cumple” ha sido interpretada como un duro golpe para miles de familias que sueñan con tener una vivienda propia.
El agotamiento de los cupos para la cobertura de la tasa de interés y el cierre de la plataforma de registro de hogares para la preasignación del subsidio han dejado en el limbo a numerosos colombianos, especialmente a aquellos que ya habían iniciado el proceso sin llegar a formalizar su crédito hipotecario o leasing habitacional. La medida responde, según el gobierno, a restricciones presupuestales y a la necesidad de ajustar el programa a las realidades fiscales del país. Sin embargo, estas justificaciones no han calmado las críticas.
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Una de las primeras en pronunciarse frente a la noticia fue la concejala Sandra Forero, quien utilizó su cuenta en X para lanzar una fuerte crítica al presidente Gustavo Petro: “@PetroGustavo acabó con Mi Casa Ya, destruyendo el sueño de miles de familias colombianas de tener casa propia. Ahora, las entidades financieras deben avisar a los más vulnerables que ya no tienen oportunidad de acceder a su cupo de subsidio. #Destrucción #desigualdad”.
¿Qué impacto tendrá la decisión?
La decisión también ha generado incertidumbre en el sector de la construcción de vivienda de interés social, que depende en gran medida de programas como 'Mi Casa Ya' para dinamizar la demanda. Expertos advierten que esta situación podría impactar negativamente en el empleo y en el crecimiento económico, agravando aún más la crisis del sector.
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En contraste, desde el ámbito local, la administración de Bogotá, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, ha ofrecido un parte de tranquilidad al anunciar que los subsidios de vivienda del Distrito seguirán asignándose durante los próximos tres años, cumpliendo con lo estipulado para el cuatrienio. Este compromiso busca mitigar el impacto de la decisión nacional y ofrecer alternativas a las familias bogotanas.
