La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia no aceptó el sometimiento de dos exalcaldes y dos exconcejales de la localidad de Riosucio por no hacer aportes significativos a la verdad ni brindar información relevante para las víctimas ni para la sociedad colombiana.
El alto tribunal informó este miércoles en un comunicado que la Sala de Definición de Situaciones Jurídica tomó la determinación que afecta a los exalcaldes de Riosucio, en el departamento del Chocó, Ricardo Victoria Martínez y Jorge Mosquera Caicedo; como también de los exconcejales del mismo municipio, Libardo Ferro Caicedo y Manuel Padilla Córdoba.
Los cuatro fueron condenados en la justicia ordinaria por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley, puesto que se comprobó que sus candidaturas "salieron adelante a través de acuerdos con el Bloque 'Élmer Cárdenas' de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)".
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La alianza de políticos locales y nacionales con grupos paramilitares a cambio de garantizarles votaciones elevadas presionando a la población e, incluso, con el asesinato y el destierro de sus rivales se conoce como el escándalo de la "parapolítica".
La Sala encontró que, a pesar de que los solicitantes cumplen con los factores de competencia personal, temporal y material exigidos por la JEP, se dio "un claro incumplimiento" al régimen de condicionalidad impuesto a Ferro Caicedo, Padilla Córdoba y Victoria Martínez.
"El incumplimiento de estos tres solicitantes se dio debido a la precariedad en sus aportes de verdad, la ausencia de exhaustividad en sus relatos sobre los delitos por los cuales fueron condenados y por su falta de proactividad frente al deber de aportar verdad plena ante esta Jurisdicción", puntualizó.
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La Sala encontró que en el caso del exalcalde Mosquera Caicedo, si bien reconoció haberse reunido con el exjefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', que fue jefe del bloque Élmer Cárdenas de las AUC, para el periodo electoral de 2001 a 2004, Mosqueara justificó esos encuentros por "darse bajo una supuesta presión del grupo armado ilegal".
Sin embargo, Mosquera no presentó pruebas de esas presiones, dando por hecho que la JEP es una especie de cuarta instancia para atender su situación particular, pero en ningún momento hizo aportes para desvirtuar los señalamientos hechos por varios comandantes de las AUC ante la justicia ordinaria, los cuales afirmaron haber proporcionado apoyo financiero y social a su campaña.
Por lo demás, la sala "encontró que sus relatos fueron contradictorios y carentes de credibilidad".
La sala consideró que "ninguno de los solicitantes hizo un esfuerzo por brindar información que ayudara a esclarecer" el patrón del Caso 08, que investiga los nexos entre agentes del Estado, la fuerza pública y paramilitares para cometer crímenes en el marco del conflicto armado.
