El presidente Iván Duque firmó un decreto para que se reactive la aspersión aérea con glifosato en Colombia. El documento plantea el "marco normativo especial, independiente y autónomo" sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente para la destrucción de cultivos ilícitos mediante dicha modalidad.
Recoge los lineamientos que ordenó la Corte Constitucional como alternativa de regulación del proceso y, debe ser avalado por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), entidad que en 2015 suspendió este mismo proceso, pero que actualmente está presidido por el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y algunos de sus miembros son los ministros de Salud y Agricultura, el director de la Policía Nacional, el jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil y la procuradora general de la Nación, por lo que se da por sentado su aprobación.
En ese sentido, es cuestión de semanas para que los aviones cargados de glifosato reanuden la aspersión en diferentes cultivos ilegales a lo largo del territorio nacional. Como también se espera que retornen los reclamos de la comunidad ambientalista, ONGs y congresistas que están en contra de esta estrategia antidroga.
De acuerdo con el decreto 380 de 2021, la consulta previa se tendrá que adelantar en caso de que la ejecución del programa de erradicación afecte a las comunidades étnicas que habitan la zona a fumigar, sin embargo, no se establece quién será el encargado de definir si la afectación es directa a la comunidad.
Por otra parte, señala que las quejas o reclamaciones por la salud de los moradores de dichas zonas tendrán que ser atendidas de forma "imparcial, independiente y comprehensiva, por una entidad distinta al ejecutor del programa". Es decir, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA).
También establece que las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales, los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados no podrán ser objeto de aspersión bajo ningún motivo.
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"El decreto expedido por el gobierno Nacional establece que la aspersión aérea estará a cargo de la Policía Nacional. Tendrá un programa totalmente automatizado, solo aplicable en zonas con cultivos extensivos industriales con presencia de Grupos al margen de la ley", afirmó el ministro de Defensa, Diego Molano.
Por su parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruíz Orejuela, expresó que “el decreto no reactiva automáticamente el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea y para el efecto es necesario que el CNE verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos por el alto tribunal".
Agregó que, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) también deberá dar a conocer un concepto previo en materia ambiental. Esta entidad "establecerá o modificará un Plan de Manejo Ambiental General para el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea".
Con base en los cálculos y proyecciones realizadas por el Ministerio de Defensa en 2020, el Gobierno Nacional afirma que erradicar una hectárea de cultivos ilícitos de coca cuesta $4.8 millones a través de la aspersión terrestre, $3.2 millones a través de Grupos Móviles de Erradicación (GME), $3.0 a través de la Fuerza Pública y $1.8 millones mediante la aspersión aérea.
No obstante, el ministro Molano aseguró que "el factor económico no es lo más importante" sino que con esta última modalidad "se evitan muertes de los héroes de la patria, el valor de esas vidas es incalculable".
