“Ilegal”, las fuertes críticas de Petro a generadoras de energía

Vie, 31/01/2025 - 06:23
El presidente, Gustavo Petro, acusó de usar tarifas ilegales a las generadoras de energías en una reciente alocución en Barranquilla.
Créditos:
Archivo particular

En una jornada cargada de tensión, el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con un grupo de barranquilleros que participaron en la movilización por la democracia energética, luego de varias horas de espera. La reunión tuvo lugar en medio de la carrera 50 con la vía 40, donde el mandatario aprovechó la ocasión para arremeter contra las altas tarifas de generación de energía eléctrica en Colombia, calificándolas como ilegales.

Petro, visiblemente molesto, cuestionó fuertemente el modelo tarifario impuesto por las principales generadoras de energía del país. Según el presidente, estas compañías, entre ellas Isagén y Empresas Públicas de Medellín (EPM), se benefician de una fórmula elaborada por la Comisión de Regulación de Energía (Creg), que a su juicio está diseñada para "estafar a los usuarios" y cobrar precios excesivos que no corresponden con los costos reales de generación de energía.

Los señores de Isagén, los señores de EPM, etcétera... tienen costos baratísimos de generación porque el agua prácticamente no tiene precio y la turbina ya se pagó en el tiempo que genera la energía eléctrica en el embalse, pero venden al precio de los señores que imparten el gas a precio de Ucrania”, afirmó el presidente Petro, en alusión a las tarifas altas de generación eléctrica, similares a las que se verían afectadas por los altos costos del gas a raíz del conflicto en Ucrania.

El mandatario también detalló que el 18 de diciembre pasado se aprobó una nueva fórmula tarifaria que divide a las generadoras de energía en dos grupos: aquellas de bajo costo y aquellas con altos costos. Sin embargo, Petro aseguró que la prensa no ha dado suficiente cobertura a este hecho, que, según él, favorecería a los usuarios con tarifas más justas.

Denuncias contra la privatización de Isagén

En su intervención, el presidente no solo criticó el actual sistema de tarifas, sino que también aprovechó para señalar la privatización de Isagén, la principal hidroeléctrica del país. Según Petro, la venta de esta empresa pública en 2006, cuando fue vendida por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas a una firma privada, permitió que las generadoras de energía perdieran la transparencia en los costos de producción, ya que ahora las tarifas son establecidas por empresas privadas.

“En el momento en que Germán Vargas Lleras vendió Isagén, contra el deseo de los antioqueños y de los colombianos que querían conservarla como empresa pública, perdimos la capacidad de vigilar a qué costos se venden la generación de energía”, indicó el presidente, quien subrayó que la privatización perjudicó a los ciudadanos, al colocar las tarifas de generación de energía fuera del control del Estado.

Altas rentabilidades y cuestionamientos a Brookfield

Petro también se refirió a la multimillonaria rentabilidad de las grandes generadoras de energía en el país, subrayando que mientras el costo promedio de generación de un kilovatio hora es de 100 pesos, las generadoras lo venden a precios de hasta 1.300 pesos. "Ni la cocaína tiene esa rentabilidad en Colombia", expresó el presidente, comparando la situación con la lucrativa industria de las drogas.

El mandatario también criticó las amenazas de la multinacional Brookfield, dueña de Isagén, quien ha anunciado su intención de demandar ante el Consejo de Estado el decreto emitido por el Ministerio de Minas, que busca reducir las tarifas de energía en el país. Petro desafió a la multinacional, cuestionando si las grandes empresas privadas tienen más poder que las autoridades nacionales. "¿Quién tiene el poder en este país, el presidente de Colombia y la Creg, o el dueño de una empresa privada?", cuestionó el presidente.

Finalmente, el presidente Petro ordenó al ministro de Minas y Energía, así como a la Superintendencia de Servicios Públicos, que inicien negociaciones con las generadoras para que acepten reducir las tarifas de manera voluntaria. En caso contrario, se aplicarían las medidas estipuladas en el decreto presidencial que sancionan a aquellas empresas que no se ajusten a la normativa.

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