La Corte Constitucional de Colombia falló recientemente como ‘estado de cosa inconstitucional’ la actual reinserción de los exintegrantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc, en su mayoría miembros del partido político Comunes.
La Corte aseguró que existe una situación en la que se ha vulnerado los derechos fundamentales de muchas de las personas que firmaron el acuerdo de paz de noviembre de 2016. En su momento, en la explicación a la sentencia, la magistrada Cristina Pardo argumentó que los derechos "a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección”, a raíz de varias tutelas presentadas por reinsertados de los departamentos de Guaviare y Nariño.
El tribunal ordenó al Gobierno colombiano implementar una serie de medidas para garantizar la vida y seguridad de los excombatientes, sometidos no solo a los riesgos de estar en zonas de conflicto, a merced de grupos armados ilegales, sino a lo que el partido de izquierda señala como incumplimientos de la administración de Iván Duque a lo acordado en La Habana y el teatro Colón hace más de cinco años.
Uno de los líderes y reconocidas figuras del partido, Rodrigo Granda, habló con la Agencia Anadolu sobre el tema y cómo se da en medio de las próximas elecciones legislativas.
Granda, también delegado del partido en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz, asegura que han tomado “con mucha prudencia” lo fallado por la Corte, que creará una sala especial de seguimiento para verificar el cumplimiento del fallo.
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La alta instancia judicial también ordenó a la Defensoría del Pueblo que “entregue a la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz un informe de las alertas tempranas sobre excombatientes y miembros del partido Comunes”.
Para Granda el fallo solo es una confirmación de lo que “hemos venido diciendo de tiempo atrás, que aquí hay una simulación del cumplimiento del acuerdo de paz, que no tenemos plenas garantías ni para el ejercicio de la política, ni para una reincorporación en un sentido menos traumático”.
Para eso, el fallo de la Corte también pidió a la UNP que reevalúe en los próximos meses el riesgo de los firmantes del Acuerdo.
Granda agrega que el Gobierno colombiano “no ha recogido el plan integral de seguridad para la comunidad en plan de reintegración”, lo que para él ha permitido que grupos ilegales, como “desertores del proceso de paz”, sean responsables directos o indirectos del asesinato de “303 compañeros”.
La Corte le pidió al Gobierno que debe priorizar las regiones afectadas por "la ausencia del Estado" que se advierte en los informes de la ONU, como los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
La violencia y los desplazamientos
Para el partido Comunes, próximo a participar en las elecciones legislativas del 13 de marzo, y que cuenta con un segundo periodo de Curules de Paz- cinco en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado- el drama no se limita a la muerte de cientos de partidarios, también se hace invivible con el desplazamiento forzoso al que están sometidos, especialmente los que han residido en algunos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Algo que según Granda el Gobierno colombiano no reconoce, “porque eso ante la comunidad internacional tiene repercusiones jurídicas grandes”.
Otros países “tienen los ojos puestos en el baño de sangre que hay y aquí al interior del país ya hay un malestar de que no se dan las seguridades para la reincorporación”, afirma el político.
Granda menciona los desplazamientos ocurridos desde mediados de 2020, en el ETCR ‘Román Ruíz’, en el municipio de Ituango, Antioquia, cuando cientos de personas tuvieron que desplazarse por falta de garantías para su vida. O los desplazamientos en “el sur de Bolívar, en Gallo, que fue trasladado a San José de Urabá”. O el reciente, ocurrido en diciembre en los llanos del Yarí, Meta: “La gente tuvo que venirse al Caquetá”.
A parte de los desarraigos que tienen que vivir algunos de los reinsertados, el exmiembro de las FARC añade que las condiciones se vuelven precarias porque “la gente ha tenido que dejar sus proyectos productivos, de vida y no han tenido una acogida bajo condiciones dignas”.
De todas formas, Granda asegura que la Corte le ha dado un “espaldarazo” especialmente a la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz).
El Gobierno no dudó en responder al fallo de la Corte, a través del mismo presidente Iván Duque, quien se refirió a cuatro aspectos que él cree deben incluirse en la ecuación de paz. Si bien el mandatario aseguró que se respetará el fallo y se cumplirá, señala que la Corte no ve en profundidad lo que se ha logrado en el país: “Cuando usted mira los procesos de desmovilización y de reincorporación que se han surtido en los últimos 30 años, este es el que tiene menos excombatientes asesinados”.
Por otro lado, el mandatario aseguró que los asesinos de excombatientes son los grupos que se nutren del narcotráfico, pero “limitan las estrategias para enfrentar este fenómeno”, en referencia a recientes sentencias de la Corte sobre la fumigación con glifosato sobre los cultivos ilícitos.
Para Granda la respuesta del presidente Duque es un “contraataque”, “como si los responsables de lo que pasa en el país fueran el Acuerdo de Paz y el partido Comunes, el presidente está exageradamente equivocado”.
Elecciones y el fallo de la Corte
Para Granda la reacción presidencial es “una forma de estigmatización” y desde las “altas instancias del poder” esos señalamientos sólo impiden “ las plenas garantías para el desarrollo normal de la campaña política”.
Argumenta que en reciente reunión con el Ministerio del Interior colombiano, una de las representantes de Comunes denunció que “no se habían recibido los dineros para financiación de la campaña, que se habían desaparecido cinco mil cédulas de ciudadanía, según la Registraduría, entre ellas una cantidad de militantes muertos”.
Según Granda, la respuesta del Gobierno fue “destemplada” al definirlos como “un partido mimado". "Nosotros dejamos las armas y firmamos la paz con el Estado colombiano para ingresar a la vida política, social, económica del país, y eso es un tránsito.
Granda dice que su partido, a raíz de las exigencias de la Corte, solicitará "que se amplíen, cuatro años más, lo que se pactó en La Habana, porque ese tiempo va a hacer falta para realmente plasmar lo acordado”.
Según la Misión de Observación Electoral (MOE) en un informe presentado este 9 de febrero, en la antesala de las elecciones legislativas el número de municipios en riesgo por factores de violencia llega a 319, nueve más que los que se reportaron en el del 2018. Esto, según la MOE, a causa de la disputa por el control territorial de los grupos armados al margen de la ley, que incluso coincide con las “mismas regiones en las que se esperaba que el impacto del Proceso de Paz contribuyera a la disminución y posterior desaparición de la violencia”.
