La Fiscalía colombiana imputó a 24 militares, entre ellos un teniente coronel, el delito de homicidio en personas protegidas, derivado de su participación en una operación realizada en marzo de 2022 en el departamento del Putumayo (suroeste), en donde murieron 11 personas, la mayoría civiles.
Los vinculados son tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados. Entre las víctimas del homicidio están un gobernador indígena, un líder social y un menor de edad, explicó la Fiscalía en un comunicado.
La operación militar se desarrolló, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de una disidencia de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona del caserío Alto Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo, cuando los militares incursionaron.
Sin embargo, en esa ocasión organizaciones sociales dijeron que en realidad se trató de una masacre de indígenas que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.
Líderes comunitarios denunciaron que incluso el Ejército le puso botas a los cadáveres para hacerlos pasar como presuntos integrantes de las disidencias de las FARC.
Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias "Bruno", parte de la comisión financiera de los Comandos de Frontera, que supuestamente están aliados con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC liderada por alias "Iván Márquez".
La Fiscalía explicó este viernes que las evidencias dan cuenta de que, por orden del comandante del Batallón contra el Narcotráfico N°3, en inmediaciones de la población fue dispersada una unidad táctica para ubicar a alias 'Bruno'.
Luego de varias horas de observación, y "con pleno conocimiento de que 'Bruno' no estaba en la zona", unidades del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico N°3, "portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso, justo cuando terminaba un bazar comunal".
Según la Fiscalía, durante "dos horas y media los uniformados realizaron cerca de 1.600 disparos contra 13 casas, una caseta comunitaria, el polideportivo y el embarcadero. Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación".
En esa operación militar murieron un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío, un menor de edad y ocho personas más, que "permanecían en estado de indefensión".
Adicionalmente, quedaron heridos cinco civiles, entre ellos una adolescente embarazada que dormía en su vivienda.
En ese sentido, la Fiscalía imputó a los 24 integrantes del Ejército los delitos de "homicidio en persona protegida" y "homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa", en referencia a las personas que resultaron heridas en la operación.
Los cargos no fueron aceptados por los militares.
