Un escándalo de corrupción ha estallado en la Policía Nacional de Colombia, involucrando un millonario contrato para la compra de chalecos balísticos.
El acuerdo, firmado con la empresa Inducon S.A.S. por un valor superior a los 10.378 millones de pesos, ha levantado serias alarmas debido a la falta de certificaciones necesarias para garantizar la calidad y seguridad de la indumentaria que será entregada a los miembros de la Fuerza Pública.
El contrato y la empresa involucrada
Según los detalles divulgados por la revista Semana, el contrato firmado a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente tenía como objetivo la adquisición de 9.000 chalecos balísticos para la Policía Nacional.
La empresa seleccionada para realizar el suministro fue Inducon S.A.S., una compañía que, a pesar de haber sido elegida en el proceso, no cuenta con los permisos internacionales requeridos para comercializar chalecos balísticos con las especificaciones necesarias.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del Instituto Nacional de Justicia (NIJ), alertó sobre esta irregularidad el pasado 12 de diciembre. Según la misiva emitida, el modelo SUPER 8 fabricado por Inducon S.A.S. fue suspendido de la lista de productos que cumplen con los estándares de blindaje establecidos para la Fuerza Pública a nivel mundial. Este hecho deja claro que los chalecos que la Policía Nacional esperaba recibir no cumplen con los requisitos básicos de seguridad, lo que pone en riesgo la vida de los agentes de la ley.
La respuesta de la Policía Nacional
Frente a este grave problema, la Policía Nacional ha respondido que, en el momento de la selección de la empresa, Inducon S.A.S. cumplía con los requisitos establecidos por las autoridades colombianas y las normas internacionales. Sin embargo, afirman que la empresa perdió las certificaciones necesarias después de la firma del contrato.
De acuerdo con la versión oficial, Inducon S.A.S. dejó vencer una licencia que poseía por un período de cinco años, lo que ahora pone en duda la calidad y confiabilidad del producto adquirido. No obstante, se señaló que la empresa tendría hasta el 30 de abril de 2025 para regularizar su situación ante las autoridades competentes, aunque la fecha de entrega del contrato está fijada para el 31 de diciembre de 2024, lo que hace imposible cumplir con el plazo.
El hecho de que una empresa sin la debida certificación internacional haya sido contratada para proveer chalecos balísticos a la Policía Nacional abre una serie de interrogantes sobre la transparencia en los procesos de contratación del gobierno de Gustavo Petro. A pesar de que la firma del contrato fue realizada con base en los requisitos establecidos en el momento de la adjudicación, la pérdida de las licencias necesarias posterior al acuerdo es una alerta que no puede ser ignorada.
Esta irregularidad no solo afecta la confianza pública en la administración gubernamental, sino que también pone en peligro la seguridad de los policías que dependen de estos chalecos para proteger sus vidas en el cumplimiento de su deber. La falta de equipos de protección adecuados podría tener consecuencias fatales, especialmente en un contexto de creciente violencia en diversas regiones del país.
Además, el escándalo por el contrato de los chalecos se da en un contexto económico complicado, donde el Gobierno enfrenta duras críticas por las políticas laborales, como el aumento del salario mínimo, que afecta directamente a las pequeñas empresas. En medio de esta situación, la Policía Nacional se ve envuelta en un nuevo escándalo de corrupción que podría tener repercusiones políticas y sociales significativas.