El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, aseguró que el fin del cese el fuego bilateral con el Clan del Golfo, anunciado el domingo por el Gobierno, es un ultimátum para los otros tres grupos con los que el Ejecutivo de Gustavo Petro pactó esa medida para que muestren gestos reales de paz.
"Si los grupos armados ilegales burlan el anhelo de paz de los colombianos, es deber del Estado actuar de manera contundente en la protección y la garantía de los derechos de las comunidades en los territorios", dijo Camargo, citado en un comunicado de su despacho.
El funcionario agregó: "El Estado no puede omitir su deber de proteger y garantizar los derechos de las personas".
El Gobierno suspendió este domingo el cese al fuego bilateral que tenía vigente desde comienzo de año con el Clan del Golfo, el mayor grupo criminal de Colombia, después de acusar a esa banda de atacar a la Policía y de instigar el paro minero que tiene en jaque al noroeste del país.
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"A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa", manifestó Petro la noche del domingo, en un mensaje en su cuenta de Twitter, después de anunciar que se reactivaban "todas las operaciones militares" contra ese grupo.
La razón esgrimida es un "ataque con fusil a la fuerza disponible de la Policía por parte del Clan del Golfo", pero el Gobierno colombiano llevaba toda la semana culpando a este grupo, heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de instigar el paro minero en la zona del Bajo Cauca y que afecta a parte de los departamentos de Antioquia y Córdoba.
Como parte de esas acciones, el domingo fueron incendiados cuatro camiones y dos autobuses de transporte público en carreteras de la región, según denunció el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.
La Petición del Defensor del Pueblo al Clan del Golfo
En su búsqueda de la paz total en Colombia, el presidente anunció el pasado 31 de diciembre un cese el fuego de seis meses con la guerrilla del ELN, con las disidencias de las FARC conocidas como Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, con el Clan del Golfo y con los paramilitares de la Sierra Nevada.
Sin embargo, días después el ELN dijo que no se sumaba a ese pacto porque fue anunciado sin haber sido acordado en la mesa de negociación que tiene con el Gobierno y de forma unilateral.
En ese sentido, Camargo recordó que el Estado debe actuar con contundencia y sin vacilaciones frente a las acciones violentas de los grupos armados ilegales contra las comunidades y dijo que el levantamiento del cese el fuego debe ir acompañado de mayor presencia estatal.
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"Los grupos armados no están demostrando gestos genuinos de paz ni han expresado pruebas fehacientes de respetar a la población civil pues se mantienen las acciones hostiles (...) particularmente contra las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes", expresó el defensor.
Por ello, aseguró que "el Estado tiene el deber de reprimir con la fuerza todas las acciones violentas que vulneren los derechos y libertades ciudadanas que afecten la convivencia pacífica (y) para ello debe adoptar medidas efectivas y oportunas de seguridad para proteger a la población de las agresiones y violaciones de sus derechos".
