En un paso histórico para los derechos de las parejas colombianas, el presidente Gustavo Petro sancionó este miércoles la ley que introduce el concepto de "divorcio libre", una reforma legal que modifica el Código Civil y permite a un cónyuge solicitar el divorcio por la sola manifestación de su voluntad. Con esta nueva legislación, ya no será necesario que ambas partes estén de acuerdo ni que se demuestren causas específicas para proceder con la disolución del matrimonio.
La ley, que ha sido uno de los temas de debate más relevantes en el país en los últimos meses, introduce una causal nueva en el Código Civil colombiano, cambiando las condiciones en las que se pueden llevar a cabo los procesos de divorcio. A partir de ahora, un solo cónyuge podrá presentar la solicitud de divorcio sin la necesidad de justificar su decisión ni de esperar el consentimiento de la otra parte.
El presidente Petro destacó que esta nueva ley busca fortalecer la autonomía individual y simplificar los trámites legales que, en muchos casos, resultaban complejos y largos para las parejas que deseaban terminar su relación. "El divorcio libre es un paso más hacia el respeto a la autonomía personal y la eliminación de barreras jurídicas innecesarias para quienes deciden poner fin a su matrimonio", afirmó Petro al firmar la legislación.
De acuerdo con la nueva normativa, el trámite de divorcio podrá realizarse ante notario, siempre que ambas partes estén de acuerdo en optar por la causal de divorcio por mutuo acuerdo. Esto permite que los procedimientos sean mucho más rápidos y accesibles, evitando los largos procesos judiciales que normalmente demoraban meses o incluso años en resolverse.
Con la sanción de esta ley, las parejas colombianas podrán solicitar el divorcio en cualquier momento, sin necesidad de demostrar que uno de los cónyuges ha incurrido en un comportamiento que justifique la disolución del matrimonio. Este cambio elimina la necesidad de pruebas de culpabilidad, como la infidelidad, el maltrato o la separación de hecho, que anteriormente debían presentarse ante un juez.
"La nueva ley representa un avance importante en la protección de la libertad individual y en el respeto por las decisiones autónomas de los ciudadanos. Nadie debe estar obligado a continuar en una relación que ya no desea", subrayó la ministra de Justicia en el acto de sanción.
La ley también regula otros aspectos fundamentales relacionados con el divorcio, incluyendo las medidas sobre alimentos y la disolución de uniones maritales de hecho. Esto busca brindar mayor claridad y certeza sobre cómo se resolverán los asuntos de sostenimiento económico y distribución de bienes en los casos de divorcio unilateral.
Este cambio legislativo tiene el potencial de transformar los procedimientos judiciales en Colombia. Al reducir la burocracia y permitir que el divorcio sea solicitado de manera sencilla, se espera que se agilicen los procesos legales y que se disminuya la carga sobre los tribunales, lo cual, a su vez, permitirá que el sistema judicial se enfoque en casos más complejos y de mayor impacto.
Por otro lado, la ley podría tener un impacto importante en el bienestar de las personas, particularmente en aquellas que se encuentran en matrimonios conflictivos o desestructurados, y que por miedo a las repercusiones legales o sociales, no habían podido tomar la decisión de separarse.
El anuncio de la sanción de la ley ha generado diversas reacciones en la sociedad. Mientras que muchos celebran este avance como un paso hacia la igualdad de derechos y la liberación de las personas atrapadas en relaciones insostenibles, otros expresan sus preocupaciones sobre las posibles consecuencias de la ley, en especial en relación con el impacto sobre las familias y la protección de los derechos de los menores en casos de divorcios conflictivos.
