El próximo 21 de noviembre, el presidente Gustavo Petro y su equipo negociador con el ELN se reunirán para iniciar los diálogos de paz, con el fin de terminar el conflicto que existe entre las dos partes. Sin embargo, un escándalo mostrado por las autoridades competentes, donde se le impusieron medidas cautelares a 30 bienes de José Facundo Castillo Cisneros, quien financiaba al grupo armado.
Así lo confirmaron el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación, donde en una operación conjunta entre los tres entes de control, se realizó una Extinción del Derecho de Dominio contra el ex mandatario, donde se dió con la ubicación de 11 inmuebles urbanos, 2 rurales y 10 vehículos, localizados en Fortul (Arauca), Yopal (Casanare), Villavicencio (Meta) y Bogotá.
Como se ha confirmado en los últimos días, estos bienes que fueron incautados por presunta financiación a grupos guerrilleros, y tendrían un valor superior a los 7 mil millones de pesos. donde ahora están a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
No solamente se trató de la extinción de dominio a estos inmuebles y su presunta financiación para el grupo armado, ELN, si no que también el exmandatario en estos momentos está siendo investigado y permanece privado de la libertad, debido a que en sus dos períodos como gobernador (2012 - 2015 y 2020 -2021) existen irregularidades en temas de contratación.
Según las investigaciones, la razón principal por la cual Castillo estaría otorgando dinero al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, sería para recibir apoyo político en varios municipios de la región. De esta forma, el exgobernador de Arauca estaría financiando las acciones ilegales del grupo armado al margen de la ley y el desarrollo de acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública.
Este financiador ilícito esta ahora imputado por los delitos financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación en favor de terceros agravado; y concierto para delinquir agravado, según lo informado por la Fiscalía.
Recordemos que en el mes de mayo del presente año, la Fiscalía imputó a Castillo por presuntas irregularidades de contratación durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, donde había adjudicado a la firma Multiservicios MAEL SAS ZOMAC la logística y kits de ayuda humanitaria, valorados en más de 4 mil millones de pesos.
Es de resaltar que el 15 de noviembre en Saravena - Arauca, durante la Comisión de Paz del Senado de la República, el Brigadier General Caro, había realizado una denuncia pública ante esta financiación ilícita que estaría recibiendo el grupo armado.
