El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López, firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó dos de los delitos por los que fue imputado como responsable de un escándalo mayúsculo de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro.
López aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir y acordó con la Fiscalía cumplir una pena de siete años de prisión. Además se comprometió a pagar una multa de 3.000 salarios mínimos (unos 887.000 dólares) y a devolver 724 millones de pesos (unos 164.000 dólares), según el diario El Espectador.
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El periódico El Tiempo, entre tanto, señaló que "este beneficio deberá ser revisado por un juez de conocimiento y queda pendiente la eventual firma de un principio de oportunidad, el cual deberá ser autorizado por la fiscal general, Luz Adriana Camargo".
La trama de corrupción
López y el exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD Sneyder Pinilla fueron imputados en julio por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
La imputación tiene como origen la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 10,6 millones de dólares de hoy) en la compra por parte de la UNGRD de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
Según manifestó entonces la Fiscalía, de la trama de corrupción, además de López -que fue nombrado en cargo por Petro- y de Pinilla, también hace parte Luis Eduardo López Rosero, por ser contratista en la compra de los camiones cisterna y, según la acusación, haber recibido un 13 % de la licitación.
En este caso también están implicados Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; el senador Iván Name, de la Alianza Verde, y el representante a la Cámara Andrés Calle, del Partido Liberal, así como cinco congresistas más.
El pasado viernes la Fiscalía dijo que citó para el 29 de noviembre a una audiencia de imputación de cargos a la exconsejera Ortiz como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Igualmente aparecen en las denuncias Carlos Ramón González, que el año pasado dirigía el Departamento Administrativo de Presidencia, desde donde supuestamente dio la orden para pagar las coimas a Name y Calle.
También se mencionó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien habría autorizado el desembolso del presupuesto de la UNGRD.
