La Red de Veedurías de Colombia, Red-Ver, denunció el presunto “cartel de la chatarrización de vehículos” que viene operando sobre los procesos de contratación para la chatarrización vehicular que adelanta la DIAN y la Alcaldía de Medellín entre otros, donde llama la atención la participación como oferente de la UNION TEMPORAL RYM SAS, de propiedad de Rafael Naranjo.
Según la Red de Veedurías, Unión Temporal RYM lidera el mercado de las empresas desintegradoras habilitadas y certificadas por los ministerios de Transporte y de Ambiente, para la chatarrización de los vehículos de carga, “pese a hallarse ilegalmente habilitada, como quiera que no es persona jurídica y por tanto carece del certificado de existencia y representación legal, por lo que no podía inscribirse y menos estar habilitado para expedir los 6500 certificados de desintegración física de vehículos que emitió”.
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El abogado Pablo Bustos explica que esto generó “el desembolso por más de $720 mil millones, con la anuencia de funcionarios como la Dra. Angela Aldana Naranjo, el dr. Lazaro González Avellaneda, del Ministerio de Transporte, y del dr. Mario Orlando López Castro del Ministerio de Ambiente, induciendo en error a otras entidades nacionales como la Dian, la Fiscalía General de la Nación, la Defensa Civil, la Escuela Militar de Aviación -Emavi- en procesos de contratación estatal incluido actualmente el de la Dian.
¿En qué consiste la ilegalidad del presunto Cartel de la Chatarrización?
Según la denuncia de Bustos, lo ilegal, asombroso y grave es que sin cumplir el requisito mínimo habilitante, atrás mencionado, de ser persona jurídica -pues según la ley y la jurisprudencia, “La unión temporal no es una persona jurídica”- se habrían pagado irregularmente incentivos por chatarrización más de setecientos veinte mil millones de pesos, por cerca de 6.500 vehículos chatarrizados, cada uno con un incentivo promedio de $100 millones de pesos, con fundamento en las certificaciones de desintegración expedidas por la UNION TEMPORAL RYM SAS.
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Así las cosas, tales pagos presuntamente irregulares se han efectuado, entre muchos otros, dentro del programa de Modernización del parque automotor de carga auspiciado por el Gobierno Nacional, y a través del Fondo de Reposición Vehicular. La UNION TEMPORAL RYM SAS ha venido siendo contratada indistintamente de manera continua en estado de abierta ilegalidad continua por más de siete años, desde su creación en febrero el 2016.
Por lo anterior la Red de Veedurías de Colombia, Red-Ver, solicitó e instó para que de manera pronta las autoridades competentes entre ellas la Fiscalía General, y la Procuraduría, la Contraloría General se pronuncien frente a tamañas inobservancias legales, y se adopten los correctivos y sanciones a que haya lugar.
