Este miércoles, las Comisiones Económicas del Congreso de la República iniciarán el debate de una de las reformas más esperadas y polémicas del Gobierno Nacional: la Ley de Financiamiento. La reforma, que busca generar un importante incremento en los ingresos del Estado, ha sido recibida con gran resistencia por varios sectores políticos y sociales, lo que promete que el proceso de discusión será tenso y lleno de controversia.
El Gobierno, que había fijado inicialmente una meta de recaudar entre 12 billones y 15 billones de pesos con esta reforma, ha tenido que reducir sus expectativas. Ahora, la estimación de recaudo se sitúa entre 9,8 billones y 12 billones de pesos. A pesar de esta disminución, el proyecto sigue siendo uno de los temas más debatidos en el país, debido a las implicaciones que podría tener para los ciudadanos y la economía nacional.
La representante Saray Robayo, del Partido de la U, ha sido una de las voces más críticas en contra del proyecto. Según Robayo, la ponencia presentada por el Gobierno es "impresentable" y perjudica a los colombianos. En sus declaraciones, aseguró que no firmó la ponencia debido a que el documento contiene más de diez artículos que no fueron discutidos adecuadamente en las reuniones previas. Entre las medidas que más preocupación le generan están los impuestos a los dividendos, los cuales, según ella, implican una "doble tributación" que afectaría tanto a las empresas como a los ciudadanos.
Uno de los puntos más sensibles de la reforma, según Robayo, es su impacto en la deuda del país. La congresista advirtió que, de aprobarse, el proyecto dejaría al país aún más endeudado para el año 2025, justo en un período electoral, lo que podría generar incertidumbre y tensiones en el panorama político y económico del país.
Además, Robayo cuestionó la propuesta del Gobierno de eliminar el Régimen Simple de Tributación, un sistema que ha sido clave para la formalización de pequeños empresarios y trabajadores independientes como tenderos, peluqueros y otros pequeños negocios. Según la representante, esta medida afectaría directamente a miles de colombianos que han optado por esta herramienta como una forma de hacer crecer sus negocios de manera legal y organizada.
La reforma también ha generado inquietud sobre el impacto que podría tener en los costos de los servicios públicos y el combustible. Robayo, junto con otros sectores de la oposición, advierte que el aumento de los impuestos podría trasladarse directamente al bolsillo de los colombianos, elevando aún más el costo de vida. En este sentido, la congresista se cuestionó: "¿Es este el camino que queremos?", en alusión a los posibles efectos negativos sobre la clase media y los sectores más vulnerables de la población.
La Visión del Gobierno y el MinHacienda
Por su parte, el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, ha defendido la reforma como una herramienta necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal del país, en medio de un contexto de crecimiento económico incierto y un creciente déficit fiscal. Sin embargo, las críticas continúan siendo contundentes, especialmente por parte de aquellos que consideran que la reforma podría tener efectos contraproducentes en la competitividad y en la inversión extranjera.
Robayo envió un mensaje claro al ministro Guevara: "Subir los impuestos a quienes generan empleo y riqueza no es justicia fiscal, sino un castigo que debilita aún más la economía". En este sentido, la congresista advirtió que, si el plan del Gobierno es implementar esta reforma como medida para reactivar la economía, el panorama para 2025 y 2026 podría ser aún más crítico, con una mayor caída en los ingresos y un aumento del desempleo.
