El gobierno de Gustavo Petro ha decretado, mediante el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, el estado de Conmoción Interior en varias regiones del país, específicamente en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta, y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar. Esta medida responde a la grave situación de orden público y crisis humanitaria que azota estas zonas, caracterizadas por un aumento de la violencia y la presencia de grupos armados ilegales.
Aumento de la violencia en la región del Catatumbo
El Catatumbo, conocido por su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela y su relevancia en la producción agropecuaria y energética, ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre fuerzas militares y grupos armados ilegales. Entre estos se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales, quienes han incrementado sus actividades en los últimos meses.
Desde principios de 2025, los hechos de violencia se han intensificado, dejando un saldo trágico de 381 homicidios, desapariciones forzadas y ataques a la población civil. La situación se ha visto especialmente complicada por la inclusión de firmantes del acuerdo de paz en las víctimas de estos atentados, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de los procesos de reintegración social en el país.
Desplazamiento forzado y crisis humanitaria
Uno de los aspectos más alarmantes de esta situación es el desplazamiento forzado de miles de personas que huyen de la violencia. Más de 36.000 personas han sido desplazadas en lo que va del año, cifra que supera con creces la registrada en todo el 2024. Las autoridades locales, especialmente en municipios como Cúcuta, Tibú y Ocaña, han tenido que habilitar albergues temporales para acoger a estas víctimas, quienes viven en condiciones precarias, lejos de sus hogares y en constante riesgo.
Además, se estima que 7.122 personas permanecen confinadas en zonas de alto riesgo, donde la presencia de grupos armados y la falta de acceso a servicios básicos agravan la situación. Esta crisis humanitaria ha generado un colapso en las infraestructuras locales, lo que dificulta la respuesta institucional a las necesidades de la población afectada.
Impacto en la economía regional
La crisis de seguridad también ha tenido un fuerte impacto en la economía de la región. El Catatumbo y los alrededores son áreas clave para la producción agropecuaria y energética del país, por lo que los ataques a infraestructura crítica, como oleoductos, vías principales y sistemas eléctricos, amenazan no solo la estabilidad local, sino también la economía nacional. La creciente inseguridad y la destrucción de recursos vitales han generado incertidumbre y afectado gravemente las actividades productivas, lo que se traduce en pérdidas económicas sustanciales.
Medidas excepcionales ante la crisis
Ante esta situación de emergencia, el gobierno de Gustavo Petro ha optado por la declaración del estado de Conmoción Interior, una medida excepcional que otorga al Gobierno facultades ampliadas para restablecer el orden público y atender la crisis. El Decreto 0062 establece acciones concretas, como el refuerzo militar y policial en las zonas más afectadas para recuperar el control del territorio. Además, se implementarán restricciones al transporte y comercialización de bienes utilizados por los grupos armados ilegales.
En términos de ayuda humanitaria, se priorizará la coordinación internacional para asegurar la llegada de recursos a las zonas afectadas y se agilizarán procesos administrativos como contrataciones y redistribución de presupuestos para atender a las víctimas de la violencia y el desplazamiento.
Duración y posibles prórrogas del decreto
El estado de Conmoción Interior tendrá una vigencia inicial de 90 días, aunque podrá ser prorrogado si las condiciones extraordinarias que motivaron su declaración persisten. Esta medida se toma en un momento crítico, donde la seguridad, los derechos humanos y la estabilidad económica de una de las regiones más vulnerables del país están en juego.
Con esta declaración, el gobierno busca restablecer la paz en un territorio golpeado por años de conflicto armado y crimen organizado, mientras intenta mitigar la profunda crisis humanitaria que afecta a miles de colombianos en la zona. La implementación de estas medidas será clave para determinar si las autoridades logran controlar la violencia y garantizar el bienestar de la población afectada.
