Se ha vuelto costumbre en Colombia salir a opinar sin puntos de vista informados, reflexivos y fundamentados sobre temas que afectan la seguridad nacional y otros tantos aspectos, lo cual está haciendo daño a nuestra democracia regida por los principios de libertad, orden y justicia que amparan el proceder del actual gobierno.
Hoy nos ocuparemos de lo que está sucediendo en el Catatumbo que tiene afectado a todos los colombianos, especialmente a la población civil de la región, y es la violenta arremetida de grupos ilegales debido a los enfrentamientos entre ellos y con nuestras fuerzas armadas, dejando una ola de violencia sin igual con cientos de muertos y más de 20 mil desplazados.
Y es que a raíz de la declaratoria del Estado de Conmoción Interior anunciada por el Presidente de la República, Gustavo Petro, han surgido “decretólogos” que atacan esta medida en los diferentes medios de comunicación sin tener presente que esta es una herramienta legítima fundamentada en nuestra Constitución Política, expresamente en su artículo 213.
Este artículo expresa que “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República”.
Es muy claro que el Gobierno tiene las facultades para invocar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos, pasando un informe motivado al Congreso de la República sobre las razones que determinaron la declaración y por supuesto será la Corte Constitucional la que decida sobre su exequibilidad o no. Ese es el orden democrático y no como los detractores que afirman que el presidente abusa de sus facultades, con lo cual le están mintiendo y desinformando descaradamente a los colombianos.
Si revisamos la historia, en 1992, el presidente Alejandro Gaviria declaró el Estado de Conmoción Interior tras el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento con el objetivo de evitar la liberación de los presuntos responsables del crimen y en 1994 lo intentó nuevamente pero no tuvo éxito ya que la Corte Constitucional lo negó.
De la misma manera, durante el gobierno de Álvaro Uribe, en 2002 se implementó esta medida como un mecanismo para enfrentar situaciones críticas de orden público en su administración, lo cual fue aprobado por la misma corte. Caso contrario cuando intentó su segunda declaración ante un paro de jueces pero esta resultó inexequible.
Cabe resaltar lo que complementa el artículo 213 frente a la derogación de leyes existentes y es que “los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público”.
Hago una invitación a la calma y a que quede claro que: esta declaratoria será por el término de 90 días, prorrogada 2 veces; que los decretos legislativos podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción, pero estas dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público; y que en ningún momento se permitirá con ello impulsar reformas tributarias, a la salud o decretos con fuerza de ley que puedan derogar leyes existentes porque sí.
Se hace entonces imperativo estudiar y conocer las normas de fondo; hacer política de conciencia; e ignorar la politiquería de quienes aseguran que esta medida va a frenar los procesos electorales que ni siquiera han iniciado.
