En cada discurso, escuchamos hablar al Gobierno colombiano sobre la urgente necesidad
de avanzar en la transición energética. Se promete un futuro glorioso en el que las fuentes
renovables, especialmente la eólica, desplacen gradualmente a los combustibles fósiles. Sin
embargo, la realidad dista mucho de ese ideal: mientras se cacarea a los cuatro vientos el
plan de impulsar la energía eólica, los proyectos siguen empantanados, especialmente en el
departamento de La Guajira. Parecería que la retórica política se adelanta, pero la
implementación se queda rezagada.
Colombia, con sus bondades geográficas, pareciera tener todas las cartas para ser líder
regional en energía eólica. Regiones como La Guajira poseen vientos intensos y constantes,
ideales para la instalación de parques eólicos. De acuerdo con la Unidad de Planeación
Minero-Energética (UPME), el potencial estimado supera los 21.000 megavatios (MW). No
obstante, si uno recorre los boletines de prensa recientes del Ministerio de Minas y Energía,
se encuentra con planes ambiciosos y anuncios rimbombantes… pero la implantación real
se encuentra en pañales.
Por su parte, el artículo de La Silla Vacía (2023) expone precisamente cómo los proyectos
de energía eólica impulsados por el gobierno Petro se han estancado. En otras palabras, la
tan promocionada transición energética “se queda sin aire”. Lo irónico es que esto ocurre
en medio de un aluvión de discursos presidenciales que aseguran que estamos dando pasos firmes hacia un país más verde. Mientras tanto, los aerogeneradores ni siquiera logran despegar sus aspas.
En tal sentido, el gobierno Petro que se presenta como abanderado de las energías limpias,
curiosamente mantiene el músculo económico del país en los combustibles fósiles, con el
carbón y el petróleo representando una parte sustancial de las exportaciones. De acuerdo
con cifras del Banco de la República (2022), más del 40 % de las ventas externas del país
siguen dependiendo de hidrocarburos. Siendo así, ¿cómo conciliar el discurso verde con la
innegable realidad de una economía que continúa fiada a la industria extractiva?
Ahora bien, varios proyectos eólicos han sufrido retrasos no solo por factores técnicos, sino
también por la complejidad de la consulta previa con comunidades étnicas y por la ausencia de acuerdos claros entre entes nacionales y autoridades locales. Según el Ministerio del Interior (2022), alrededor de un 70 % de los proyectos energéticos en La Guajira enfrentan conflictos derivados de la falta de concertación con las comunidades. Resulta cínico que el Gobierno prometa participación y compensación socioambiental cuando, en la práctica, los líderes de la zona denuncian sentirse ignorados.
No faltan tampoco los problemas logísticos. Para instalar turbinas eólicas, no basta con
tener viento: se requiere una robusta infraestructura de transmisión eléctrica y una red vial
eficiente para transportar los componentes. UPME (2021) ha señalado repetidamente el
déficit en líneas de transmisión en el norte del país. ¿Podemos echar a andar un parque
eólico si ni siquiera contamos con las vías o las subestaciones necesarias? Pareciera que el
plan gubernamental se quedó en un PowerPoint con cifras infladas.
Cabe mencionar que la ejecución de los proyectos se ve además empañada por la
desconfianza de la opinión pública ante posibles sobrecostos y desvíos. En repetidas
ocasiones, medios como Semana y El Espectador han documentado licitaciones poco claras
para obras asociadas a energías renovables. Con ese telón de fondo, la ciudadanía percibe
que la “transición energética” podría ser otra excusa para inflar contratos, mientras los
parques eólicos siguen siendo solo maquetas.
Asimismo, algunos inversionistas privados se muestran dispuestos a apostar por la energía
eólica, pero exigen marcos regulatorios estables y garantías de retorno de la inversión.
Según la Asociación Colombiana de Energías Renovables (SER Colombia), las trabas
burocráticas y la inseguridad jurídica frenan la puesta en marcha de nuevos parques. De
nuevo, la retórica gubernamental de “bienvenida a la inversión en renovables” no
concuerda con la maraña legal existente.
Ahora, miremos a Brasil, donde la capacidad instalada en energía eólica supera los 23.000
MW, o a México, que, pese a vaivenes políticos, tiene parques eólicos operativos por más
de 7.000 MW, según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2021). Mientras
tanto, Colombia, con un potencial similar o incluso mayor, apenas roza los 100 MW
instalados. ¿En serio somos la “nación faro” de la transición energética en la región?
Más allá de la retórica, los compromisos internacionales de Colombia para la reducción de
emisiones de CO₂ y la diversificación de la matriz energética están supeditados a la efectividad de estas políticas. De acuerdo con el Informe Bienal de Actualización sobre
Cambio Climático (IDEAM, 2021), el país prometió una reducción del 51 % de sus
emisiones para 2030. Con esta lentitud en la implementación de parques eólicos y otras
renovables, ¿cómo se cumplirán esas metas?
Del mismo modo, en zonas como La Guajira, comunidades indígenas como los wayúu
denuncian falta de información y nulo cumplimiento de acuerdos. Reiteran que no se
oponen al desarrollo, pero exigen una compensación justa y respeto por sus territorios
ancestrales. Mientras el Gobierno central se jacta de fomentar el “diálogo social”, las voces
locales señalan que ese diálogo sigue siendo, en gran parte, una entelequia utilizada para
fines publicitarios.
Si de verdad se aspira a que Colombia sea referente en energías renovables, se necesita una política pública coherente, con planes de largo plazo y marcos regulatorios claros. Eso
implica dotar de recursos a las entidades responsables, garantizar la infraestructura y, sobre
todo, respetar los derechos de las comunidades. De otra forma, seguiremos escuchando
discursos altisonantes sobre “transición ecológica” mientras las aspas de los aerogeneradores continúan inmóviles.
En conclusión, la llamada transición energética en Colombia se ha convertido en un
discurso más que en un hecho tangible. El gobierno Petro, tal como los anteriores, alardea
de planes y objetivos ambiciosos, pero se enfrenta a la cruda realidad de proyectos
frenados, conflictos sociales no resueltos y una economía anclada en los hidrocarburos.
Mientras sigamos siendo el país del “todo lo podemos” pero con manos atadas por la
improvisación y la burocracia, el viento seguirá soplando en La Guajira sin hallar turbinas
que traduzcan su fuerza en desarrollo sostenible.
