La inclusión se ha convertido en un aspecto esencial en todos los ámbitos de la sociedad actual. Por esta razón, el pasado 20 de septiembre, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo firmaron el decreto 399 de 2022, mediante el cual se le brindará incentivos económicos a las empresas que contraten personas pertenecientes a minorías vulnerables que hayan estado en prisión.
Esta norma contempla las 19 poblaciones vulnerables priorizadas, tales como mujeres cabeza de hogar, personas con discapacidad, jóvenes recién egresados, ciudadanos transgénero, pero sobre todo, personas que han salido de la cárcel.
Los ex reclusos entraron en este decreto gracias a la gestión de la Fundación Acción Interna, dirigida por Johana Bahamón, quien explicó, mediante un comunicado de prensa, la importancia de brindarles oportunidades laborales a esta minoría: “Las personas que recuperan la libertad se convierten en los más vulnerables de los vulnerables. Su pasado judicial les cierra puertas, el sector financiero no les permite abrir cuentas de ahorro, hay una cantidad de trabas que deben ser desmontadas bajo marcos regulatorios más incluyentes y equitativos".
"Cerrar brechas de equidad es fundamental para consolidar una sociedad más justa. Para una resocialización efectiva, es fundamental el activo involucramiento del sector empresarial para que vincule laboralmente a las personas que han cumplido su pena”, agregó.
Por su parte, el Secretario de Desarrollo, Alfredo Bateman, convidó públicamente a las empresas locales a hacer parte de este proyecto: “invitamos a los empresarios a conocer este beneficio y a darle una segunda oportunidad a los pospenados de Bogotá, evitando así la reincidencia y contribuyendo al mejoramiento social y económico de nuestro país y de nuestra ciudad”.
- Le puede interesar: Diego Molano se postulará como candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá.
Tal como indicó la Fundación, los incentivos partirán de 600 mil pesos para los contratos de, por lo menos, seis meses. Para las compañías que incluyan en su nómina a población priorizada por un año recibirán un monto de 1.200.000 pesos.
Si se emplea a mujeres pospenadas, el beneficio será de 1.200.000 pesos por periodos inferiores a seis meses. En el caso de que la contratación sea mayor a un año, se les otorgará un valor de 2.400.000 pesos.
Para el caso de los jóvenes que hayan estado en la cárcel, el incentivo será de 1.500.000 pesos por contratos inferiores a un año y 3 millones por contratos superiores al año.
Finalmente, las compañías que empleen a personas transgénero que hayan sido privadas de su libertad recibirán un valor de 2.400.000 de pesos por contratos de menos de un año y de un año en adelante el beneficio será de 4.800.000 pesos.
