En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación imputó a Josué Javier Castellanos Morales, alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), por presunta corrupción en la celebración de contratos durante la emergencia por la pandemia del coronavirus, los cuales suman más de 7 mil millones de pesos.
"Los elementos de prueba permitieron conocer que el mandatario habría celebrado contratos de manera directa, al amparo de la urgencia manifiesta decretada por el Covid- 19, con una persona que aportó algo más de dos millones de pesos a su campaña política por la Alcaldía Municipal", comunicó el ente investigador.
Además, las pesquisas de la Fiscalía lograron determinar que que fueron suscritos cuatro contratos con el contratista Luis Jorge Castillo Poveda (también imputado) para el arriendo de bodegas, por un valor total de $7’700.000.
"Los registros contables dan cuenta de que cada uno de los contratos, al parecer, superó los topes definidos por la ley", agregó la Fiscalía.
Por ahora los imputados seguirán vinculados al proceso por su presunta responsabilidad en el delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, y deberán atender todos los llamados que les haga la autoridad judicial.
Gobernador de San Andrés también tiene líos judiciales por corrupción en pandemia
El pasado miércoles Everth Julio Hawkins Sjogreen, gobernador de San Andrés, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación como el presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario suscrito durante la emergencia sanitaria.
En las audiencias cumplidas ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia señaló que Hawkins Sjogreen abrió un proceso público para recibir cotizaciones de varias empresas. Sin embargo, 48 horas después (el 18 de marzo del año en curso) decretó la calamidad pública por el Covid-19 y declaró la urgencia manifiesta en el archipiélago.
"Al amparo de estas medidas, celebró de manera directa el contrato de servicios publicitarios con Noel Foto SAS", afirmó la Fiscalía sobre el contrato que ascendió a 500 millones de pesos, los cuales salieron de los recursos del departamento y fueron desembolsados a través de órdenes de pago sin la debida supervisión.
También se conoció que el gobernador de San Andrés justificó la declaratoria de 'urgencia manifiesta' con el propósito de adoptar medidas para evitar o mitigar la sobredemanda de los servicios de salud por el Covid-19, pero se determinó que el objetivo del contrato investigado correspondía a una estrategia publicitaria que buscaba contribuir a la imagen del gobernador y sus funcionarios, y no aportaba a atender los requerimientos sanitarios de la población.
