La violencia en el departamento del Cauca ha experimentado un preocupante incremento en los últimos años, según los registros de la Defensoría del Pueblo. En 2022, se documentaron 480 hechos relacionados con homicidios, atentados, amenazas, desplazamientos, confinamientos y reclutamientos forzados. Sin embargo, el año 2023 mostró un aumento significativo, con 560 incidentes reportados, lo que representa un incremento cercano al 17%.
Durante una reciente sesión de la Comisión Nacional Descentralizada y Ampliada del Ministerio Público en Popayán, la Defensoría del Pueblo destacó la necesidad urgente de una respuesta coordinada y efectiva para enfrentar esta alarmante situación de orden público. La entidad de derechos humanos subrayó la importancia de crear mecanismos robustos para proteger a las comunidades afectadas y garantizar respuestas adecuadas a la crisis.
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El impacto de la violencia en el Cauca ha sido devastador, afectando gravemente a diversos grupos poblacionales, incluidos los sujetos de especial protección internacional como las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes y campesinas. Desde la firma del Acuerdo de Paz en el segundo semestre de 2016 hasta la fecha, los líderes sociales han sido las víctimas más numerosas, con 302 asesinatos registrados. Los excombatientes de las Farc siguen con 73 homicidios, evidenciando la continuidad del conflicto armado.
El panorama se ha deteriorado aún más en los últimos años. La Defensoría del Pueblo ha documentado un aumento del 16.67% en los hechos violentos entre 2022 y 2023. Este incremento es alarmante, dado que las estructuras armadas al margen de la ley, como las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN, siguen siendo las principales responsables de estas violaciones.
Alertas emitidas para proteger a la población civil en el Cauca:
Desde 2017 hasta 2024, la Defensoría ha emitido 27 Alertas Tempranas Estructurales para proteger a la población civil, especialmente en municipios como Piamonte, Caldono, Argelia, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez, donde el conflicto representa un mayor riesgo. Estas alertas han sido cruciales para llamar la atención de la institucionalidad gubernamental y promover medidas de protección.
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En la sesión de la Comisión Nacional, la Defensoría instó a implementar acciones extraordinarias durante el segundo semestre de 2024 para prevenir nuevos hechos victimizantes. La entidad enfatizó la necesidad de una colaboración estrecha entre entidades nacionales y territoriales para asegurar la protección de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario.
Como defensora de los derechos de los colombianos, la Defensoría del Pueblo se comprometió a hacer seguimiento a los compromisos adquiridos durante la sesión, con el objetivo de mejorar la situación en el Cauca y prevenir futuras violaciones a los derechos humanos.
