La vicepresidente Marta Lucía Ramírez hizo un llamado a las todos los funcionarios que tienen en sus manos recursos públicos para que cumplan la Ley de transparencia y garanticen los principios en la contratación pública.
A través de una carta, la vicepresidenta manifestó a los funcionarios en cargos directivos y a quienes, en el orden nacional, departamental y local, ejecutan recursos públicos, para que cumplan los principios en contra de la corrupción en el país que se pactaron hace dos semanas.
En un mensaje a 1269 representantes de los diferentes estamentos, recalcó que “los procedimientos de selección públicos deben ser la regla general, y la contratación directa, según la Ley 80 de 1993 y sus normas que la reglamentan, modifican y complementan, debe ser una modalidad de selección de contratista excepcional y encaminada a afrontar situaciones atípicas de calamidad como lo expone claramente la cita de ley”.
Por ello, recordó la obligatoriedad que tienen todos los gerentes públicos de acatar, de forma precisa, los postulados que regulan la contratación pública.
“El no cumplimiento y mala práctica de los anteriores postulados, lesiona los principios de la función administrativa como la transparencia, la economía, la eficiencia y la moralidad, y distrae los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades de los colombianos. Esta dinámica, en síntesis, genera efectos negativos sobre la transparencia de los procesos de contratación del Estado, así como graves focos de corrupción”.
Insiste en su misiva que es deber de cada funcionario propender por una cultura de integridad y emprender acciones para la lucha contra la corrupción en el país. Además, enfatiza en algunas falencias y problemáticas en materia de contratación con el Estado, “sobre las cuales debemos actuar con celeridad y contundencia”.
Finalmente, la alta funcionaria reiteró el llamado a que se brinde total apoyo a las oficinas de control interno, además de implementar y fortalecer la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA (Oficiales de Transparencia), para que la ciudadanía los identifique como canales seguros de recepción de denuncias y hechos de corrupción.
