La segunda Vicepresidenta de la Cámara de Representantes, María José Pizarro Rodríguez, presentó al Gobierno Nacional una propuesta de Decreto Legislativo que pretende reconocer y pagar una renta básica de emergencia por valor de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (1 SMMLV) para todas las personas vulnerables que se encuentran registradas en el SISBEN.
Esta propuesta busca satisfacer las necesidades básicas durante los meses que dure la emergencia y tres meses más para atender las consecuencias sociales y económicas generadas por las medidas sanitarias tomadas en la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en el país a casusa del virus Covid-19.
“Se hace necesario implementar mecanismos para aliviar la situación de millones de familias que, a pesar de las recomendaciones y medidas tomadas, no cuentan con las condiciones mínimas para desarrollar un aislamiento social preventivo obligatorio que les proteja de la pandemia y que les permita, a su vez, acceder un mínimo vital”, afirmó la Representante a la Cámara.
Para la Congresista, los esfuerzos realizados y las medidas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria, como el aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena, cuyo objetivo es evitar la propagación del contagio, ha traído en la población colombiana serias y graves afectaciones, no solo en su quehacer diario sino en sus condiciones económicas, de trabajo y abastecimiento alimentario y de acceso a los servicios esenciales.
“Es una situación que agudiza las condiciones de vulnerabilidad social y económica de millones de hogares colombianos, en un panorama que eleva los ya críticos índices de pobreza monetaria y multidimensional”, afirmó Pizarro Rodríguez.
Los recursos destinados para la Renta Básica de Emergencia, en la suma de un salario mínimo mensual, que sustituiría y ampliaría a las varias transferencias monetarias que ya realiza el Estado desde los programas sociales.
Esta propuesta de Decreto Ley fue presentada el día de ayer durante la instalación de las sesiones del Congreso de la Republica, para que el Gobierno Nacional la estudie y la tenga en cuenta de manera urgente como una medida económica que permita la población mantener sus condiciones de vida.
