La iniciativa se da en el marco de la reforma al Congreso de la República, que tiene un énfasis en las condiciones laborales de los parlamentarios colombianos. Además de una reducción al salario de los congresistas, se habla de una disminución en su período de vacaciones y del fortalecimiento de la figura de pérdida de investidura.
De 35 millones de pesos, el salario de los congresistas quedaría en 23 salarios mínimos legales vigentes (que este año está en un millón de pesos).
Y es que el consenso sobre dicho artículo fue prácticamente unánime. Congresistas del Pacto Histórico, del Partido de la U, del Centro Democrático y de la Alianza Verde se mostraron conformes frente a la propuesta.
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Además del tope de 23 salarios mínimos, varios parlamentarios presentaron una proposición con el fin de que se aumente el impuesto sobre lo que devengan. Dicho gravamen sería del 20 %. Los recursos recaudados de este nuevo impuesto irían directamente al Presupuesto General de la Nación.
Frente al receso de los congresistas, se propone que el período legislativo no comience el 16 de marzo, sino el 1 de febrero.
El ausentismo sería castigado con mayor rigor, pues si un congresista falta seis veces en un año a la discusión de un debate, a una votación o a cualquier responsabilidad directamente relacionada con el ejercicio parlamentario, podría perder la investidura.
Asimismo, si se demuestra que por recibir alguna prebenda cualquier congresista ha dejado de votar una ley, una moción de censura o un acto legislativo, la pérdida de la investidura podría resultar inminente.
Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Catherine Juvinao, Paloma Valencia, Hernán Cadavid, José David Name, Marelen Castillo y Erika Sánchez serían algunos de los parlamentarios más interesados en adelantar las proposiciones mencionadas.
Cabe recordar que por estos días el Congreso de la República se encuentra discutiendo el proyecto de reforma tributaria que, con mensaje de urgencia, radicó el ministro José Antonio Ocampo, quien ha sido claro en que la meta fiscal de la actual administración no puede ser inferior a los 25 billones de pesos.
Dada la distribución del Congreso de la República y las mayorías con que cuenta en el Parlamento el presidente Gustavo Petro, se espera que reformas como la tributaria o la política sean aprobadas en tiempo récord.
