La suspensión de la Ley de Garantías a través de la Ley de Presupuesto 2022 sigue generando reacciones en el Congreso de la República. El representante José Daniel López le solicitó al presidente Iván Duque que objete el artículo que suspende esta norma a escasos meses de las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia.
"Usted tiene el deber constitucional, democrático y moral de objetar el artículo 125 de la citada iniciativa. Si no lo hiciere, se consumará un plan que parece propio del asalto a un banco, más no de una reforma tramitada por las vías de la institucionalidad: impulsar la derogatoria de una norma estatutaria dentro de una ley ordinaria, para esquivar la revisión previa de la Corte Constitucional. Y aprovechar las demoras que supone una acción de constitucionalidad para que, cuando la Corte se pronuncie hacia el segundo semestre de 2022, las elecciones ya hayan pasado y la trampa ya se haya consumado", expresó López en una carta pública dirigida al mandatario.
El congresista de Cambio Radical le recordó a Duque que como senador consideraba que modificar la Ley de Garantías era un error y enfatizó en que los proyectos de presupuesto no son para hacer cambios en las reglas de juego para las elecciones.
"En una democracia vigorosa, los debates en el Congreso son ricos en garantías democráticas; las competencias del máximo tribunal constitucional no son usurpadas a través de argucias, las leyes de presupuesto no son aprovechadas para tramitar micos y las reglas de juego electorales no se cambian en la mitad de la campaña. Usted mismo lo advirtió en su calidad de Senador de la República, cuando se abrió el debate sobre la continuidad de la Ley de Garantías Electorales el cuatrienio pasado", sostuvo el representante.
Para argumentar la solicitud, López se valió de tres puntos clave en la discusión de esta modificación: el tiempo otorgado para la discusión; que la norma es estatutaria y que no debería ser modificada ad portas de las urnas.
El representante afirmó que el debate de la citada reforma "adoleció de garantías democráticas elementales", al menos en la plenaria de la Cámara de Representantes, pues de los 21 legisladores que hicieron uso de la palabra, solamente 6 lograron terminar su intervención. Los otros 15 fueron interrumpidos por la mesa directiva de la corporación.
"Así, el que era el punto más álgido del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2022 terminó evacuado en 45 minutos. Y para completar, durante la votación del artículo citado uno de mis colegas (el representante Anatolio Hernández) fue inducido a votar Sí por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias", expuso López.
Del mismo modo, recordó que la norma reformada en este artículo (Ley 996 de 2005) tiene carácter estatutario, toda vez que desarrolla el derecho fundamental a la participación política en igualdad de condiciones. Sin embargo, fue tramitada en el marco de un proyecto de ley ordinaria. Por tal razón, no se cumplieron requisitos indispensables para su trámite, tales como: i) haber dado primer debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara; ii) haber sido remitida a la Corte Constitucional para su revisión previa.
Para finalizar, el representante afirmó que "no tiene presentación que una Ley que genera condiciones de igualdad y transparencia entre los candidatos ya en contienda sea modificada en plena campaña electoral. Un principio democrático básico es el de no cambiar las reglas de juego en la mitad del partido. Menos cuando hablamos de recursos multimillonarios que ahora irán de la Nación a los entes territoriales a través de convenios interadministrativos, recién autorizados, en pleno periodo electoral, disparándose los riesgos de malversación de los dineros públicos".
En los próximos días el presidente Duque recibirá de manos del presidente del Congreso de la República el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2022 para su sanción y promulgación. Habrá que ver si la solicitud cumple su cometido.
- Le puede interesar: Críticas a Alejandro Gaviria por rechazar alianzas políticas
¿Qué es la Ley de Garantías?
Es una normativa que busca garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales del país, promueve el ejercicio transparente de los recursos públicos y establece restricciones y prohibiciones que deben ser acatadas por las entidades públicas.
Esta norma prevé expresamente que en un término de cuatro meses anteriores a las elecciones, dentro del cual los alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, distrital o departamental, no podrán:
- Celebrar convenios o contratos para la ejecución de recursos públicos, participar, promover o destinar recursos públicos de las entidades a su cargo o en las que hagan parte como miembros de junta directiva.
- Inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que estén presentes candidatos a las gobernaciones, alcaldías, asambleas o concejos municipales o distritales.
- Autorizar el uso de bienes muebles o inmuebles de carácter público para el desarrollo de actividades proselitistas, ni permitir alojamiento o transporte de electores.
- Modificar dentro de este término la nómina de la entidad a la cual pertenecen.
En pocas palabras, tiene como fin evitar que los recursos públicos sean utilizados en los periodos previos a elecciones por los grupos políticos para hacer campaña.
En su periodo como senador, Duque afirmaba que era grave modificar esta norma porque daba luz verde a la implementación de convenios en beneficios de unos pocos. Sin embargo, ahora argumentó que es su modificación permite avanzar en la reactivación económica.
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe expresó su descontento frente a la suspensión de la Ley de Garantías. De hecho, pidió no derogar dicha normativa, bajo el entendido de que afectaría la honra del Gobierno, ya que según expresó, la modificación se debía haber realizado hace un par de años, no a escasos meses del periodo electoral.
