El próximo jueves 9 de septiembre a las 9 a.m. en el Congreso de la República se radicará la reforma ciudadana a la Policía que se viene trabajando en las calles desde enero de este año y que vinculó alrededor de 40 organizaciones, recibió más de 200 comentarios y anotaciones, a través de redes sociales y unos 30 eventos virtuales y presenciales. Tiene además el respaldo de unas 70 mil firmas.
La radicación se llevará a cabo en conmemoración a las víctimas del abuso y la violencia policial registrados en las protestas de septiembre de 2020. Líderes, lideresas, organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas, pero sobre todo jóvenes se han tomado las calles para discutir a fondo propuestas para tener una Policía para paz, que mejoren la legitimidad institucional, fortalezcan la confianza y mejoren las condiciones de los miembros de la Policía Nacional.
Cifras de organizaciones de derechos humanos indican que durante los tres meses de movilizaciones de este año, el país registró 87 homicidios, 28 de los cuales son presuntamente atribuibles a la fuerza pública. Casi dos mil personas (1905) han sido heridas por las acciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (88 casos de lesiones oculares y 115 personas heridas por armas de fuego).
Las agresiones contra defensores de derechos humanos y la prensa van en aumento: 325 defensores agredidos. Así como las denuncias de abuso de autoridad (1603) y las detenciones arbitrarias (3365). Hay reportes de 10 personas que siguen desaparecidas en Bogotá.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en sólo dos meses del paro nacional (mayo – junio) se documentaron 260 casos y un total de 299 víctimas de agresiones contra la prensa. En el 58% (152) de los casos, el agresor fue identificado como un integrante de la fuerza pública.
"Esta reforma ciudadana tiene como ejes fundamentales garantizar una policía para la paz, una policía digna y que dignifique a través de la educación, la profesionalización y la promoción democrática de sus miembros. Buscamos fortalecer la transparencia institucional, que la policía sea cercana a la gente y sus comunidades, que garantice la vida e integridad de las personas y que quienes cometan errores sean juzgados por la justicia ordinaria, pedimos que se desmonte el ESMAD", expresó el concejal de Bogotá, Diego Cancino, uno de sus impulsores.
Por su parte, Carolina Ordoñez del colectivo Rosa Negra y vocera de las víctimas del incendio del CAI de Soacha, aseguró que: "La reforma ciudadana a la Policía que hemos acompañado es muy importante, tenemos que construir un nuevo pacto con una policía más democrática y solidaria. Desde mi voz como víctima como madre, queremos un cambio hacia una institución garante de la vida, de los derechos humanos, una Policía tolerante, empática y al servicio de la comunidad. Las víctimas queremos justicia, verdad y garantías de no repetición. Tenemos que entender que todos somos hijos y hermanos de un mismo país".
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¿En qué consiste esta reforma a la Policía?
Buscar modificar el artículo 1º de la Ley 62 de 1993, el cual quedará así: "La Policía Nacional es una institución pública de naturaleza civil, pedagógica, técnica, disciplinada, profesional y especializada en sus distintas divisiones".
Resalta que miembros tendrán una formación permanente que les permita prestar su servicio bajo los más altos estándares de protección de derechos humanos, bajo enfoques diferenciales e interseccional; de investigación; prevención y control del delito; disuasión, conciliación y transformación de conflicto de manera no violenta.
Propone que se escinda al Ministerio de Defensa de los objetivos y funciones de dirección y mando de la Policía Nacional y aquellas funciones relacionadas con la seguridad ciudadana y demás temas de Policía asignados por las normas vigentes, y que se le asignen al Ministerio del Interior.
Establece la creación de un Consejo Superior de Policía y Seguridad Ciudadana, con carácter permanente y participación de la sociedad civil, como un órgano de dirección y coordinación de la política de seguridad ciudadana y asuntos de Policía, consultivo y asesor principal del Gobierno Nacional en la materia.
Además, dice que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional debe atender a los principios de finalidad, necesidad y proporcionalidad. Su ejercicio siempre será de manera excepcional, procede como última medida, cuando las demás medidas se hayan agotado o se tornen inocuas, y se prohíbe su exceso. "En ningún caso, el uso de la fuerza puede implicar actos constitutivos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni de violencia sexual", señala.
Sobre la identificación de los uniformados indica que la prestación del servicio policial requiere del uso del uniforme con la respectiva identificación del agente. El uniforme policial debe señalar, de la manera más clara y legible posible, el número de identificación del agente y su nombre.
El uso de armas tendrá que se excepcional durante la prestación del servicio de policía. Al atender comportamientos contrarios a la convivencia, los uniformados de la Policía no podrán usar ni portar armas. "No se podrán adquirir armas que produzcan impactos expansivos u otros impactos desproporcionados. La formación policial integral deberá aportar alternativas al uso de armas para los estudiantes policiales", concluye.
