En un reciente giro de los acontecimientos políticos en Colombia, el presidente Gustavo Petro se vio obligado a ofrecer disculpas públicas tras una orden del Consejo de Estado. La controversia surgió cuando, durante la II Asamblea General del partido Colombia Humana, él calificó de "asesinos" a quienes gritaron "fuera Petro" en distintos escenarios.
A través de su cuenta en X, el mandatario explicó su postura, asegurando que "las personas que gritan ‘fuera Petro’ no son asesinos". Sin embargo, matizó su afirmación al señalar que, aunque estas personas no forman parte de su electorado, buscan "pasar por encima del voto popular mayoritario en Colombia", lo que, a su juicio, representa un atentado contra la democracia.
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Petro continuó su defensa, aclarando que su acusación se refería más bien a aquellos que, con el mismo grito de descontento, han perpetrado actos violentos en la historia del país. “Matar a Petro es también un ‘fuera Petro’”, afirmó, haciendo referencia a las masacres relacionadas con la Unión Patriótica (UP) y el gaitanismo.
La decisión del Consejo de Estado responde a una tutela interpuesta por ciudadanos que consideraron que las palabras del presidente vulneraron sus derechos al buen nombre y a la presunción de inocencia. Este fallo ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión y los límites del discurso político en un país marcado por profundas divisiones.
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Finalmente, Petro enfatizó que este tipo de debates deberían llevarse a cabo "en las plazas y el parlamento, no en los estrados judiciales", sugiriendo que la política debería resolverse a través de la confrontación de ideas y no mediante decisiones judiciales.
