La senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, arremetió contra los magistrados del Consejo de Estado luego de que ordenaran que los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización y entendimiento del Decreto 003 del 2021, por medio del cual se estableció un protocolo para el uso de la fuerza en el curso de actos de protesta ciudadana, con respeto de los derechos constitucionales que garantizan este tipo de movilizaciones, como la protesta, la libre reunión y la libertad de expresión.
Cabal expresó su desacuerdo con que el Consejo de Estado impartiera nuevas directrices para salvaguardar derechos de manifestantes, uniformados y demás ciudadanos en el marco de las protestas. Afirmó que los magistrados repiten una "diatriba progresista" y los tildó de promover el anarquismo.
"El Consejo de Estado sigue repitiendo la misma diatriba progresista de "capacitar" a quienes hacen cumplir la ley. Qué desgracia. ¿Qué tal que éstos magistrados sufrieran las agresiones con piedras y bombas molotov? Promotores del anarquismo es lo que son", expresó Cabal en su cuenta de Twitter.
¿Qué ordenó el Consejo de Estado?
La orden, que fue impartida a la Policía Nacional, deberá tener en cuenta acciones preventivas sobre el uso de armas y dispositivos menos letales, como el lanza cohetes Venom. Esto, en atención a la jurisprudencia de las altas cortes sobre la salvaguarda del derecho a la protesta pacífica y no violenta. Todo esto con el propósito de que los uniformados actúen más como agentes de paz y garanticen el derecho de marchantes y los que no lo son, evitando el uso desproporcionado de la fuerza.
Además en próximas movilizaciones ciudadanas la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tendrán que verificar, antes y después de cada jornada, el personal y el armamento de los que hagan uso los agentes partícipes en los operativos de control, patrullaje y acompañamiento a las protestas.
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También se conminó al organismo de control disciplinario y a la Fiscalía a investigar posibles faltas y delitos que se hayan cometido a partir del 28 de abril, con el fin de evitar que las conductas prescriban, “toda vez que las resultas de esos procesos representan un interés nacional por el momento histórico que atraviesa el país”. Esto, sin perder de vista los posibles delitos que hayan dado lugar a la afectación de bienes privados, públicos e integridad de los agentes de la fuerza pública durante las protestas.
Finalmente, el Consejo de Estado conminó a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos a la protesta pacífica y libre reunión sin alterar el orden público y denunciando a quienes desconozcan estos y otros límites, abusando de las garantías constitucionales que vienen siendo protegidas en este caso.
