Cuando en 2017 la crisis de Venezuela se profundizó aún más y su pueblo buscaba una salida, no dejaba de aparecer un nombre: Lorenzo Mendoza.
Todos en Venezuela conocen este apellido. El abuelo de Mendoza fue el fundador de Empresas Polar, el consorcio de alimentos que se ha convertido en la empresa privada más grande del país. Su harina de maíz, la cual se usa para hacer el platillo típico nacional, estaba en todas las despensas y su cerveza era un componente muy apreciado en las reuniones sociales.
Cuando las desastrosas políticas económicas del presidente Nicolás Maduro provocaron la escasez de alimentos y una crisis de refugiados, Mendoza surgió como un detractor declarado de su gobierno y de su persecución del sector privado.
El refinamiento y la elocuencia de Mendoza también marcaron un contraste patente con la tosquedad del presidente. Su popularidad fue tal, que las encuestas lo pusieron contra Maduro en duelos simulados para la presidencia.
Posteriormente, Mendoza de pronto desapareció de la escena pública y Maduro dejó de llamarlo “ladrón”, “parásito” y “traidor”. El gobierno dejó de acosar a Polar con molestas inspecciones y, con el tiempo, comenzó a adoptar los cambios económicos que Mendoza había propuesto, como poner fin a los paralizantes controles de precios.
La historia de la tregua entre Mendoza y Maduro, acordada en una reunión celebrada a mediados de 2018 de la que no se había informado con anterioridad, muestra el acercamiento del gobierno venezolano, que se define como revolucionario, a la clase empresarial contra la que estuvo en guerra durante casi dos décadas.
Esta distensión insólita ha sido la pieza fundamental de la transformación reciente de Venezuela de ser un país en donde el gobierno controlaba de manera directa la economía —y obtenía su legitimidad de los beneficios que podía ofrecer a su pueblo— a un lugar gobernado por un autócrata dispuesto a permitir el capitalismo de facto a fin de evitar un desplome y seguir conservando el poder.
Este giro sorprendente no ha logrado resolver los problemas económicos de Venezuela, pero ha reactivado ciertos sectores de la economía, alentado algunas inversiones y permitido que Maduro resista las sanciones de Estados Unidos y el aislamiento de la comunidad internacional. Y para los empresarios, estos cambios han significado la posibilidad de volver a hacer negocios.
“Es muy difícil explicar que estamos en una situación económica muy mala, pero que hay optimismo”, señaló Ricardo Cusanno, director del grupo industrial más grande de Venezuela, Fedecámaras. “Las personas serias y tradicionales han decidido continuar invirtiendo”.
Debido a la paralización de las empresas estatales venezolanas, que solían ser muy productivas, los ministerios de Maduro han regresado discretamente decenas de empresas a operadores privados, incluyendo hoteles icónicos e ingenios azucareros que habían sido expropiados, señaló un asesor del gobierno que ayudó a diseñar el programa.
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Están rentando, a cualquiera que desee trabajarlas, las extensiones de tierra que Hugo Chávez, el predecesor y mentor de Maduro, les expropió a las élites de terratenientes en nombre de la “Revolución Bolivariana”. Los acosos a las empresas privadas han dado paso a reuniones cordiales entre ministros y dirigentes empresariales.
Ya no se aplican las estrictas leyes laborales que habían prohibido que las empresas despidieran a nadie sin la autorización del gobierno, mientras que este desmantela sindicatos y se hace de la vista gorda ante los despidos. Las complejas restricciones comerciales fueron remplazadas por exenciones fiscales e incentivos para las exportaciones.
La mayor concesión de Maduro fue poner fin al estricto control de cambios que había pesado sobre todas las transacciones económicas. Los empresarios venezolanos, a quienes de pronto les permitieron usar dólares, importaron suministros y pagaron mejores salarios, con lo que en parte neutralizaron el desplome en la producción del Estado.
Desde luego, después de seis años de una contracción continua, Venezuela es una sombra de lo que fue, una economía extractiva que se ha mantenido a flote con las exportaciones de petróleo cada vez menores, con el comercio ilegal de oro y con una iniciativa privada a pequeña escala. Bajo el régimen de Maduro, el país ha perdido casi tres cuartas partes de su producto interno bruto y casi nueve de cada diez venezolanos tienen problemas para satisfacer sus necesidades básicas.
Aproximadamente, cinco millones de los treinta millones de venezolanos han salido del país y han dejado a las empresas sin clientes y sin empleados. Además, los funcionarios locales siguen extorsionando a las empresas.
No obstante, la reciente liberalización económica ha generado oportunidades para las compañías que puedan adecuarse a atender a los venezolanos que cuentan con dólares para gastar: uno de cada diez. La economía está muy limitada, señaló Cusanno, del grupo industrial, pero “el hecho de que todavía esté medio viva es gracias al sector privado”.
La relación de trabajo entre el gobierno y las grandes empresas es un cambio asombroso tras décadas de tensiones.
En 2002, el presidente del grupo empresarial encabezó un golpe de Estado fallido contra Chávez. Más tarde, las empresas más grandes del país, incluyendo Polar, se unieron a un paro nacional de 90 días contra él.
No obstante, la capacidad de Maduro para aplastar a la oposición y resistir la presión internacional hizo que los dirigentes empresariales venezolanos tuvieran que tomar una dura decisión: adaptarse o irse. Por su parte, el gobierno se dio cuenta de que necesitaba el capital privado para sobrevivir.
Polar, la empresa de Mendoza, es una buena representante de esta adaptación.
La familia Mendoza, que convirtió a Polar, una pequeña fábrica de cerveza fundada en la década de 1940, en un consorcio de alimentos omnipresente, ha representado a las élites tradicionales con las que Chávez prometió arrasar al asumir el poder en 1999.
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Antes de la crisis económica, esta empresa tenía 34.000 empleados y afirmaba aportar el 3,3 por ciento del producto interno bruto del país independiente del petróleo. Cuando Chávez inundó a los venezolanos con los ingresos del auge petrolero para construir lo que él llamó “el socialismo del siglo XXI”, el corporativismo a la vieja usanza de Polar ofreció una alternativa.
Las generosas prestaciones de la compañía, desde campamentos de verano hasta uniformes escolares, le habían otorgado la firme lealtad de sus trabajadores y la admiración de la mayor parte de los venezolanos.
Mendoza, un hombre carismático de 54 años, combinó con habilidad el igualitarismo en las zonas de producción con un elitismo aislado en su propio entorno social. La multimillonaria familia Mendoza se había convertido en la realeza de Venezuela, la cual reunía a las élites del país en fiestas en la mansión familiar a las que asistían hasta 1500 invitados.
Para sus partidarios, los Mendoza representaban lo contrario a los principios propugnados por Maduro: ellos apoyaban el profesionalismo más que la improvisación y la tradición más que la revolución.
Las tensiones prolongadas entre esta empresa y el gobierno se desbordaron en un conflicto abierto cuando la economía cayó en recesión en 2014. Cuando se terminaron los ingresos, Maduro comenzó a acusar a Mendoza de acaparar los productos y empeorar la escasez, sin tener pruebas.
Estas amenazas iban acompañadas de un acoso cada vez mayor. Los inspectores fiscales allanaban con frecuencia las instalaciones de Polar, los sindicatos en favor del gobierno promovían el descontento laboral y las fuerzas de seguridad secuestraban sus camiones de alimentos y arrestaban a sus gerentes.
Para 2017, Polar estaba al borde de la quiebra. Su división de alimentos estaba perdiendo mucho dinero debido a que el control de precios la obligaba a vender sus productos a un precio muy bajo. La división de cervezas se tambaleó por la pérdida del subsidio de la cebada.
Por presión de la familia, Mendoza buscó establecer contacto con el zar de la economía de Maduro, Tareck El Aissami, un operador empresarial experimentado acusado de narcotráfico por Estados Unidos, según informaron dos personas que sabían de sus conversaciones.
El Aissami, quien ha negado ser narcotraficante, llevaba mucho tiempo insistiendo en que el gobierno tenía que dejar de lado su doctrina marxista para garantizar su sobrevivencia. Mendoza había encontrado en él un interlocutor que lo comprendía.
Según cinco personas informadas sobre esta reunión, las gestiones de Mendoza culminaron en una reunión con Cilia Flores, la poderosa primera dama de Venezuela, en 2018. El resultado de este encuentro fue un pacto informal que se mantiene hasta la fecha: Mendoza saldría de la escena pública y el gobierno dejaría de acosar a la empresa.
“El gobierno los estaba golpeando muy duro”, señaló Jhonny Magdaleno, líder sindical de larga trayectoria y trabajador jubilado de Polar. “Luego, de repente se detuvo”.
Las condiciones del mercado siguen siendo difíciles para Polar. Muchas de sus fábricas están cerradas o trabajan a una mínima parte de su capacidad, y la empresa ha despedido a cerca de 15.000 trabajadores. Sin embargo, estos cambios han permitido que Polar se reinvente como una empresa más pequeña y ágil que se enfoca en los clientes venezolanos más pudientes y que equilibra el deterioro nacional con la expansión extranjera.
Por: Anatoly Kurmanaev / The New York Times
