Luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro aceptara la invitación hecha por el gobierno de Gustavo Petro para ser ‘Garante de Paz’ en los diálogos que se busca adelantar con el Ejército de Liberación Nacional ELN, han sido muchas las voces de rechazo por tal nombramiento, principalmente de los partidos políticos de oposición.
“Vaya sorpresa, Nicolás Maduro es nuevo garante de paz con el ELN. O nuevo no, vuelven y lo reciclan. Uno quisiera pensar que este gobierno va a ser algo bueno, no va a ser peligroso, pero lo es”, fueron las palabras de María Fernanda Cabal en un video que compartió la opositora de derecha por medio de su cuenta en Twitter.
La congresista no se quedó ahí y sumó su opinión crítica frente a la decisión, recordando uno de los episodios más difíciles en la historia de las relaciones entre Venezuela y Colombia, la deportación y expropiación de la que fueron víctimas 22.000 connacionales por parte de la dictadura de Nicolás Maduro en el año 2015.
“Nicolás Maduro expulsó en 2015 a más de 22 mil colombianos de Venezuela, a los que les marcó sus casas con las letras D de demoler y R de revisado”,
Esta no ha sido la única crítica que ha hecho la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, contra la designación de Nicolás Maduro como ‘Garante de Paz’. La congresista también ha señalado la estrecha relación que el mandatario venezolano con grupos subversivos colombianos.
“Nicolás Maduro, #ElGaranteDePaz reciclado por el gobierno Petro, ha refugiado guerrilleros de las FARC y el ELN, ha desterrado colombianos, ha recibido armas de Rusia y es buscado por los EEUU por narcotráfico. Ese dictador no tiene moral para garantizar ninguna paz”, aseguró Cabal por medio de un video compartido en su cuenta de Twitter.
Desde su llegada a la Casa de Nariño, Gustavo Petro ha sido reiterativo con la necesidad de retomar relaciones con Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro. Muy de la mano de su propuesta de impulsar una iniciativa con la que busca sentarse a negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC, que incluya algún tipo especial de acuerdo jurídico o de sometimiento a la Justicia.