En una encrucijada se encuentra la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Movilidad luego de que, iniciada la ejecución del contrato de semaforización de la capital, la Procuraduría alertara de la falsedad de un documento en el que supuestamente esta entidad avalaba el proceso.
La historia inició hace poco más de un año cuando se dio apertura a la licitación en septiembre de 2017. El 27 de diciembre de ese año, la Secretaría de Movilidad adjudicó el contrato, por 173.075 millones de pesos, al consorcio Movilidad Futura 2050, una empresa constituida por Sutec Sucursal Colombia S.A.S, con el 99% de las acciones, y Simens S.A., con el 1% de las mismas.
Sin embargo, allí surgió el primer tropiezo. En marzo de 2018, un veedor de Usaquén denunció que la información financiera presentada por el consorcio tenía irregularidades, así como las firmas que acompañaban los estados financieros. El veedor solicitaba la terminación unilateral y definitiva del contrato, pero la Secretaría remitió la información a la Fiscalía y nombró al interventor Consorcio Proyección Tecnológica para verificar el proceso.
A esto se sumó una solicitud de la Procuraduría del 24 de abril de 2018, en la que alertaba de las irregularidades de la empresa y los cuestionamientos a la información financiera presentada por Sutec Sucursal Colombia. Por esto el ente de control pidió que se suspendiera el inicio del contrato y de interventoría hasta que se adelantaran las investigaciones.
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En la evaluación final de la Secretaría de Movilidad, los únicos consorcios que pasaron la evaluación técnica, financiera y jurídica fueron Unión Temporal Smart Signal, Consorcio Kapsch SSI Bogotá y Movilidad Futura 2050, los cuales obtuvieron el mismo puntaje en los criterios de calidad. Sin mencionar que Movilidad Futura había sido evaluada, según la ley, de manera especial por presentar la oferta más baja de todos los proponentes.
El proceso estuvo detenido hasta que el 28 de agosto de 2018 llegó a la Secretaría de Movilidad una carta en la que la Procuraduría avalaba a la empresa Movilidad Futura. "Es necesario indicar a su digno despacho que lo más viable para la Secretaría de Movilidad de Bogotá es dar inicio al proceso contractual de ejecución toda vez que no se han detectado vicios de ilegalidad en el desarrollo de la actividad y la demora en la ejecución podría acarrear otro tipo de acciones disciplinarias por concepto de omisión (...)", reza el comunicado firmado por el secretario general del Grupo Élite de Consultas y Análisis de la Procuraduría General.
Ese fue un respiro para la Secretaría y su director, Juan Pablo Bocarejo, que a los 21 días de haber recibido ese documento, firmó el acta de inicio del contrato con la empresa adjudicada. "La Secretaría Distrital de Movilidad realizó diversas gestiones ante las autoridades competentes relacionadas con la denuncia sobre la presunta falsedad de documentos y abrió un sancionatorio al Consorcio, en el que recogió información sobre estos aspectos. Estas actuaciones fueron presentadas a la Procuraduría General de la Nación, que nos ha manifestado la viabilidad para reiniciar este proyecto”, afirmó el secretario en su momento.
Hasta ahí todo parecía marchar de nuevo con relativa normalidad, sin embargo el pasado 14 de septiembre la Procuraduría reveló otra zancadilla a la modernización de los semáforos en la capital. Según el ente de control, la carta con su sello que pedía con afán el inicio del contrato era falsa. Ni el firmante era empleado del ente ni el supuesto 'Grupo Élite de Consultas' existía al interior de la Procuraduría.
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Tal es el caso que las investigaciones al consorcio Movilidad Futura 2050 no las debe adelantar el ente de control, sino la Fiscalía General de la Nación, por tratarse de una entidad privada. Lo único que hizo la Procuraduría en su momento fue alertar de posibles irregularidades.
En ese momento se prendieron las alarmas en la administración distrital, la oposición en el Concejo inició la recolección de firmas para invocar una moción de censura contra el secretario Bocarejo, la Procuraduría recomendó la suspensión del proceso y otros afirman que detener el proceso en este momento acarrearía incumplimientos al estar ya firmada el acta de inicio.
Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa señaló que se surtieron las acciones legales y que se continuará con el contrato. "Nosotros hemos puesto el denuncio penal por esta carta falsa, pero vale la pena señalar que esta era innecesaria, el que la falsificó no sé con qué propósito lo hizo. El proceso sigue en curso, no tiene ningún inconveniente, esta carta no se requería para continuar con el proceso y sigue dentro de lo normal su implementación", afirmó el mandatario distrital.
Asimismo, la Secretaría de Movilidad anunció que puso a disposición de la Fiscalía la carta para que se adelanten las acciones pertinentes del caso. También preparan medidas para saber qué hacer con el cuestionado contrato de semaforización.
