El Gobierno seguirá insistiendo en tramitar una reforma educativa luego de que el Congreso hundió la propuesta este miércoles y para conseguirlo intentará "consolidar un gran acuerdo nacional".
Así lo afirmó la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, quien dijo: "debemos seguir insistiendo en la búsqueda de consensos que nos permitan avanzar en la construcción de una nación donde podamos convivir y construir un futuro juntos".
"Desde el Gobierno Nacional tenemos la voluntad de continuar discutiendo el proyecto de ley estatutaria con la esperanza de consolidar un gran acuerdo nacional por la educación. Seguiremos invitando a construir espacios de concertación de ideas", señaló Vergara.
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Hundido a última hora
Al proyecto de Ley Estatutaria de la Educación solo le faltaba un debate para ser aprobado y durante su trámite legislativo el Gobierno logró consensos no solo con los partidos aliados, sino también con los de oposición.
Sin embargo, el presidente del Congreso, Iván Name, confirmó que la iniciativa no será debatida este jueves en la última jornada de sesiones legislativas, por lo cual ya no hay tiempo hábil para seguir el trámite
"Desde el Ministerio de Educación Nacional abriremos los escenarios de diálogo social que sean necesarios, porque el presente de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes y el futuro de las nuevas generaciones de colombianos y colombianas no puede quedar en puntos suspensivos", expresó Vergara.
Recordó que "las familias que viven en contextos de mayor vulnerabilidad necesitan una educación de calidad, en condiciones de equidad".
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Miles de educadores, convocados por el sindicato de maestros Fecode, están en huelga desde el pasado jueves en todo el país y protestan contra el proyecto porque durante su trámite legislativo la oposición introdujo artículos que creen les perjudicará a ellos y a la educación pública.
El proyecto de ley representaba un cambio importante en la legislación colombiana porque buscaba ampliar la educación pública de los cinco a los 15 años, que establece la Constitución, a tres grados de preescolar y la enseñanza universitaria, y así actualizar el sistema educativo del país a los estándares internacionales.
No obstante, el hecho de declarar la educación un derecho fundamental impediría las huelgas de los maestros, un medio usado frecuentemente por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para presionar a los distintos Gobiernos.
Este sindicato también se opuso al proyecto de ley porque establece que en las evaluaciones de los profesores para ascender en el escalafón del magisterio se tendrá en cuenta el desempeño de los estudiantes como prueba de la capacidad de enseñanza de los maestros.
"Colombia requiere nuevas leyes de educación y una inversión estatal suficiente que permita llevar al país a la universalización de la educación como estrategia para generar desarrollo sostenible, equidad y paz territorial. Necesitamos que estos propósitos cuenten con el respaldo del magisterio y sus comunidades educativas y académicas para que los cambios sean reales y sostenibles", dijo la ministra.
