El partido Farc hizo un listado de las acciones que, a su juicio, el exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez emprendió para afectar el proceso de paz y su implementación. La colectividad anunció que denunciará esos hechos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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“Los firmantes del Acuerdo de Paz, por parte de la insurgencia, somos testigos y los principales afectados por las deliberadas conductas adelantadas por parte del ex Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martinez, las cuales representan graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y a las normas del derecho internacional humanitario y, en consecuencia, verdaderas transgresiones al Acuerdo Final de Paz”, señaló el partido fundado por los miembros de la extinta guerrilla de las Farc.
En la comunicación, los miembros políticos de los excombatientes afirmaron que los audios revelados por el diario El Espectador, con los que se descubrió un entrampamiento al ex negociador de La Habana Jesús Santrich junto a la DEA, eran una estrategia que “pretendía proclamar el fracaso de los Acuerdos por medio de sus acciones encubiertas”.
Esa investigación periodística evidenció que, aparentemente, la Fiscalía entregó la droga que Santrich negoció con supuestos miembros del cártel de Sinaloa, que en realidad eran miembros de la DEA, por lo que terminó detenido en el año 2018. Santrich desapareció en junio de 2019 y se incorporó a la disidencia de La Nueva Marquetalia junto a guerrilleros como Iván Márquez, El Paisa y Romaña.
A raíz de esa denuncia, el partido Farc listó un número de acciones de Néstor Humberto Martínez cuando estuvo a cargo de la Fiscalía, en los que consideran que buscó deteriorar el Acuerdo de Paz. Aún cuando él fue el candidato del presidente Juan Manuel Santos en la terna para llegar al cargo y fue cercano al gobierno durante todo el tiempo que estuvo al frente del ente investigador.
“Hemos conocido grabaciones de las que se demuestra la intención de entrampar mediante supuestos audios al responsable de la reincorporación, antiguo miembro del Secretariado, Pastor Alape. Igualmente, a otros miembros del antiguo equipo negociador del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se les intentó sembrar pruebas falsas”, señaló la Farc en su comunicado.
En los audios revelados por El Espectador también se denuncia que los supuestos agentes de la DEA insistieron en el nombre del entonces vicepresidente de Santos, el general Óscar Naranjo, como supuesto vínculo de Santrich para el tráfico de droga.
Según el partido político surgido de los Acuerdos, el exfiscal Martínez “se interpuso” a la implementación e impulsó modificaciones a la columna vertebral del tratado, la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, que luego fueron acogidas por el presidente Iván Duque para las objeciones que presentó recién estrenado en el cargo.
Según la Farc, el exfiscal Martínez publicó de “manera deliberada” el listado de bienes que habían entregado los excombatientes a la Segunda Misión de Verificación de la ONU, “situación que generó que dicho listado fuera objeto de intensas persecuciones por distintos grupos armados en los territorios, poniendo en grave peligro la vida y seguridad de los firmantes”. Agregaron que no ofreció protección a esos bienes, lo que llevó a que quedaran en manos de otros actores, y aseguraron que tienen pruebas de eso como el informe que rindió ante la JEP.
Así mismo, la Farc denunció en el comunicado público, que el exfiscal Martínez no implementó la Unidad de Investigación de la Fiscalía, contemplada en el artículo 74 del Acuerdo, con la que se pretendía atender situaciones en contra del paramilitarismo, las masacres y los asesinatos de líderes sociales, así como de excombatientes.
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“Acudiremos para denunciar estos hechos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su próxima sesión”, señaló el partido Farc, con fundamento en que el presidente Juan Manuel Santos, como presidente, declaró ante las ONU el Acuerdo, por lo cual son obligaciones del Estado que Martínez habría faltado. “Esos intentos criminales contra el proceso de paz colombiano conllevan una responsabilidad internacional, con todas sus graves consecuencias”, puntualizaron.
