La amenaza de sabotaje sobrevuela los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia, explicó Pablo Beltrán, comandante de la guerrilla, en una entrevista con EFE, en la que detalló que, detrás de la idea de boicot, se encuentran "grupos de élite" que temen que la paz y la democratización del país afecten a sus intereses.
Beltrán, jefe de la delegación del ELN para los diálogos, aseguró que determinados colectivos, como mafias, redes de corrupción o clanes -con la participación de funcionarios del Estado- que "están cómodos con la crisis del país y no quieren que haya cambios", puesto que -subrayó- "se lucran con muchos aspectos del conflicto" y "si hay paz, pierden su ingreso".
Estos "entes" -prosiguió- están "incluso dentro del Estado (...) están en abierta contradicción y contrapeso con el Gobierno", al estar controlados por clanes regionales con poder y con intereses económicos, que los llevan a difundir "noticias falsas" o "medias verdades" relacionadas con las negociaciones.
Precisó que no se trata "solamente de un funcionario" de manera independiente, sino que obedece a grupos de control mayores, entre los que mencionó a algunos "sectores de las Fuerzas Armadas o de los organismos de seguridad del Estado" que persiguen boicotear "el proceso de paz" que, a su vez, "hace parte del saboteo a un proceso de Gobierno".
Las "élites tradicionales"
Según el comandante del ELN, los "enemigos de la paz" están en varios estratos, pero todos tienen el ojo puesto en el mismo objetivo: defender intereses particulares sobre los del país. Y entre estos grupos, hace hincapié en las "élites tradicionales", temerosas de perder poder y privilegios con la llegada de los cambios.
Puso como ejemplo a "gente que se lucra de la salud pública, de los fondos de pensiones o de las leyes laborales", para quienes supone una amenaza plantear cualquier tipo de cambio -incluida la pacificación- que lleve a una "reforma laboral, tributaria, al código de pensiones", ya que "remueven sus intereses".
"Esos mismos grandes grupos económicos son los dueños de los grandes medios de comunicación. Un gran medio de comunicación, ¿va a defender los intereses de la mayoría de Colombia? No, (sino) los intereses de ese propietario (...) que cree que las reformas que van en curso le van a mover el piso", explicó.
Agregó que "en el campo mediático hay grandes corporaciones que están en una ofensiva de medias verdades, desinformación, manipulación abierta sin escrúpulos. El problema no es el periodista que hace eso, es el que le paga para que para que haga eso", sostuvo.
El cuarto ciclo de negociación, que arrancó el pasado 14 de agosto, centra gran parte de la atención en el recién creado Comité Nacional de Participación Ciudadana para integrar a la sociedad civil en los diálogos, un hecho que Beltrán considera un "distintivo del proceso".
Con el comité, espera que los colombianos vean el proceso de manera cercana, "con tranquilidad, sin zozobra", y con un protagonismo activo.
"Es meter a la gente desde el principio (del proceso), no dejar para el final. Decirle, oiga, ¿cómo le parecen los acuerdos? Participe, diga que hay que cambiar a Colombia. Échese la paz al hombro", señaló.
En su opinión, es fundamental que "la validación del proceso sea con la gente", a la que se le otorga la capacidad de opinar en primera persona sobre el desarrollo de las negociaciones y fijar su posición sobre la puesta en marcha de los acuerdos que se vayan suscribiendo.
Al comienzo de esta fase de los diálogos, las partes hicieron especial incidencia en la necesidad de proporcionar "alivios humanitarios" a las personas que sufren más de cerca el conflicto por residir en zonas gravemente afectadas, dando respuesta a sus necesidades más urgentes, como generar un entorno más seguro y habitable.
Pero no es algo que se pueda hacer de un día para otro -explicó Beltrán-, ya que requiere un importante recurso humano y una amplia logística para llegar a todas las zonas, aunque destacó como uno de los "alivios humanitarios" más relevantes el cese al fuego vigente.
No obstante, reconoció que el plan "es muy incipiente" y que los afectados exigen resultados inmediatos, lo que requiere acelerar el proceso en todo lo posible para apoyar a las comunidades.
"La gente nos está reclamando en las zonas que cumplamos. Como el Gobierno va por allá, nos reclaman a nosotros. Entonces hacemos los acuerdos y no están diciendo, oiga, hicieron una caravana humanitaria en un sector del Pacífico. ¿Los resultados dónde están?", lamentó.
Aseguró que se toma nota de los reclamos y que se aceleran los procesos para hacer realidad lo prometido en un amplio territorio, con el compromiso de diversas organizaciones que trabajan en las zonas afectadas para que desarrollen "una labor preventiva in situ".
Para desarrollarla, se debe contar con la participación de diferentes actores, como la Iglesia y Naciones Unidas, como parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación puesto en marcha este mes, para vigilar el cumplimiento del cese.
Queda mucho por hacer, pero el compromiso es claro: la protección humanitaria apunta a "neutralizar problemas, a prevenirlos y a mantener una interrelación muy estrecha entre comunidades y el mecanismo de verificación" que certifique "toda fuerza que tenga una actitud de amenaza contra una comunidad" para tomar medidas.
