Solamente el sueldo que recibe un congresista puede sonar escandaloso y exagerado, sobre todo por la fama que tienen varios legisladores de ausentistas y que trabajan muy poco. A eso se le añade la asignación de primas, escoltas, camionetas. Sin embargo, de lo que poco se habla son de los tiquetes que tiene gastar el Estado en transportar entre Bogotá y las regiones a los congresistas.
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Cada semana, a todos los ciudadanos contribuyentes les toca sacar de su bolsillo cerca de 280 millones de pesos para garantizar que los senadores y representantes a la Cámara puedan viajar a sus regiones para cumplir deberes políticos, y luego regresar al Capitolio en Bogotá para legislar, sin que eso garantice la calidad del trabajo que realizan muchos de estos padres de la patria.
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El secretario del Senado, Gregorio Eljach, explicó cómo opera la asignación de tiquetes para los parlamentarios. “Los congresistas, por ley, tienen derecho a que se les dé un tiquete de ida y vuelta cada semana; o sea cuatro recorridos al mes. Pero cuando estamos en receso, se les da un tiquete de ida y vuelta mensual. Y los senadores pueden decirle a la Secretaría que en un determinado mes quieren hacer cambio del destino de los tiquetes, e ir a cualquier ciudad o región que quieran”, señaló el funcionario.
Sin embargo, Eljach indicó que hoy día los parlamentarios ya no pueden hacer cambiazos con los tiquetes a los que tienen derecho, ni revenderlos, tal como sucedía hace unos años, pues actualmente todo se hace electrónicamente, y si a última hora deciden no hacer uso del tiquete, el dinero “no se pierde”.
¿Y sobre el cumplimiento de sus responsabilidades?
De otro lado, Gregorio Eljach resaltó que se ha controlado el abstencionismo en el Congreso desde que se establecieron las sanciones del caso: el descuento de un día de salario por faltar a una sesión, que equivale a cerca de 800 mil pesos, más de lo que gana un colombiano del común en un mes.
“La pedagogía sobre la asistencia al Congreso ha sido tan buena, que hay senadores que faltan a una sesión sin una justificación seria como lo ordena la ley, y autorizan ellos mismos para que les descuenten del sueldo la sanción. Se trata de un día de salario, avaluado en 800 mil pesos”, dijo.
No obstante, el secretario reveló que falta control en la permanencia de los congresistas en las sesiones, tanto de comisiones como de las plenarias.
“Hay un problema de base y es que la ley Quinta de 1992, y la Constitución, no obligan a permanecer en el recinto, sino asistir, y la asistencia se hace a través de un medio electrónico que es registrar la huella. La no permanencia después de asistir a la comisión o a la plenaria no se puede sancionar”, señaló.
De igual manera señaló que no sólo basta con que el congresista asista a las sesiones, pues debe cumplir con otro requisito que no es muy conocido por la opinión pública.
“El régimen para garantizar que el congresista cumpla el deber con su trabajo, aparte de asistir a las respectivas comisiones y plenarias, también se tiene en cuenta la gestión que haga ante los órganos del Estado y la Rama Ejecutiva, para obtener información que enriquezcan sus debates de control político y proyectos de ley”, indicó.
Según Eljach, otro de los temas que se ha examinado en el Congreso con lupa es el tema de las validez de las excusas que presentan los congresistas para justificar alguna inasistencia.
“Para justificar una inasistencia por quebrantos de salud, tiene que estar certificada la incapacidad directamente por la EPS a la que se encuentra afiliado el congresista, y no por un médico amigo”, precisó.
El funcionario manifestó que anteriormente “no había un plazo de tiempo para que la comisión de acreditación documental pudiera hacer un dictamen por la inasistencia de un congresista, así como tampoco establecía en qué plazo había que notificar al ausente, ni cuántos días tenía él para interponer un recurso. Ahora esa gestión se hace en una semana”.
Frente al otro tema polémico, que tiene que ver con el cabildeo o los llamados lobistas, el secretario del Senado indicó que es una actividad legítima pero que actualmente está regulada.
“Los cabildantes tienen que inscribirse en las respectivas secretarías de Senado o Cámara de Representantes, aunque sean los mismos de hace años. Y cuando se trata de una nueva persona, se examina sus antecedentes judiciales. Anteriormente se les daban credenciales; ahora es con la huella”, aseguró.
Asimismo, dijo que los cabildantes pueden pedir cita pública “con el congresista que tenga una ponencia o es autor de un proyecto en el que tengan un interés. Si es una propuesta para modificar algún artículo o un proyecto, nosotros le enviamos el documento a todos los integrantes o de la comisión en primer debate o en segundo a los de la plenaria”.
De otro lado, señaló que los lobistas de entidades estatales, a los que llamó gestores institucionales, que hace años se contaban en más de setenta, han venido disminuyendo. Se depuró la lista y ahora cada ministerio sólo tiene permitido contar con un enlace permanente en el Congreso.
El enlace, o asesor legislativo de los ministerios, es la persona que le habla al oído a los parlamentarios sobre las objeciones o precisiones que tiene cada cartera sobre alguna iniciativa en particular, y generalmente están allí en el Congreso para vigilar -literalmente- cada movimiento que hacen los congresistas, con el fin de tener un control sobre los proyectos que interesan al Ejecutivo y que se promueven en el Legislativo.
Sin embargo, Eljach indicó que hoy día los parlamentarios ya no pueden hacer cambiazos con los tiquetes a los que tienen derecho, ni revenderlos, tal como sucedía hace unos años, pues actualmente todo se hace electrónicamente, y si a última hora deciden no hacer uso del tiquete, el dinero “no se pierde”.
¿Y sobre el cumplimiento de sus responsabilidades?
De otro lado, Gregorio Eljach resaltó que se ha controlado el abstencionismo en el Congreso desde que se establecieron las sanciones del caso: el descuento de un día de salario por faltar a una sesión, que equivale a cerca de 800 mil pesos, más de lo que gana un colombiano del común en un mes.
“La pedagogía sobre la asistencia al Congreso ha sido tan buena, que hay senadores que faltan a una sesión sin una justificación seria como lo ordena la ley, y autorizan ellos mismos para que les descuenten del sueldo la sanción. Se trata de un día de salario, avaluado en 800 mil pesos”, dijo.
No obstante, el secretario reveló que falta control en la permanencia de los congresistas en las sesiones, tanto de comisiones como de las plenarias.
“Hay un problema de base y es que la ley Quinta de 1992, y la Constitución, no obligan a permanecer en el recinto, sino asistir, y la asistencia se hace a través de un medio electrónico que es registrar la huella. La no permanencia después de asistir a la comisión o a la plenaria no se puede sancionar”, señaló.
De igual manera señaló que no sólo basta con que el congresista asista a las sesiones, pues debe cumplir con otro requisito que no es muy conocido por la opinión pública.
“El régimen para garantizar que el congresista cumpla el deber con su trabajo, aparte de asistir a las respectivas comisiones y plenarias, también se tiene en cuenta la gestión que haga ante los órganos del Estado y la Rama Ejecutiva, para obtener información que enriquezcan sus debates de control político y proyectos de ley”, indicó.
Según Eljach, otro de los temas que se ha examinado en el Congreso con lupa es el tema de las validez de las excusas que presentan los congresistas para justificar alguna inasistencia.
“Para justificar una inasistencia por quebrantos de salud, tiene que estar certificada la incapacidad directamente por la EPS a la que se encuentra afiliado el congresista, y no por un médico amigo”, precisó.
El funcionario manifestó que anteriormente “no había un plazo de tiempo para que la comisión de acreditación documental pudiera hacer un dictamen por la inasistencia de un congresista, así como tampoco establecía en qué plazo había que notificar al ausente, ni cuántos días tenía él para interponer un recurso. Ahora esa gestión se hace en una semana”.
Frente al otro tema polémico, que tiene que ver con el cabildeo o los llamados lobistas, el secretario del Senado indicó que es una actividad legítima pero que actualmente está regulada.
“Los cabildantes tienen que inscribirse en las respectivas secretarías de Senado o Cámara de Representantes, aunque sean los mismos de hace años. Y cuando se trata de una nueva persona, se examina sus antecedentes judiciales. Anteriormente se les daban credenciales; ahora es con la huella”, aseguró.
Asimismo, dijo que los cabildantes pueden pedir cita pública “con el congresista que tenga una ponencia o es autor de un proyecto en el que tengan un interés. Si es una propuesta para modificar algún artículo o un proyecto, nosotros le enviamos el documento a todos los integrantes o de la comisión en primer debate o en segundo a los de la plenaria”.
De otro lado, señaló que los lobistas de entidades estatales, a los que llamó gestores institucionales, que hace años se contaban en más de setenta, han venido disminuyendo. Se depuró la lista y ahora cada ministerio sólo tiene permitido contar con un enlace permanente en el Congreso.
El enlace, o asesor legislativo de los ministerios, es la persona que le habla al oído a los parlamentarios sobre las objeciones o precisiones que tiene cada cartera sobre alguna iniciativa en particular, y generalmente están allí en el Congreso para vigilar -literalmente- cada movimiento que hacen los congresistas, con el fin de tener un control sobre los proyectos que interesan al Ejecutivo y que se promueven en el Legislativo.
