Este martes, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, radicó un oficio en la Alcaldía de Medellín, dirigido al burgomaestre Federico Gutiérrez, quien preside la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín, EPM, en el que hace serios señalamientos sobre la forma como se estaría tratando de obtener información: "EPM tomó la decisión de someter a sus funcionarios al controvertido polígrafo con el fin de conocer quiénes son los que entregan información o los que piensan diferente (a la empresa)", afirmó.
Según él, la situación que denuncia se originó con la "crisis de Hidroituango" y dijo que una de las principales tareas que le delegaron fue la de defender el valor supremo de la vida de cerca de 129.000 antioqueños porque " estuvieron sufriendo o padeciendo el desplazamiento". Se refirió igualmente a la necesidad de avanzar en la recuperación de la obra, de la que dijo que "hay que terminar en honor a la ingeniería de Antioquia y Colombia".
"Seguirán en el futuro las discusiones sobre la responsabilidad de los constructores en los lamentables hechos, tema que a EPM parece que le fastidiara, como una especie de alergia a la verdad", Luís Pérez Gutiérrez.Otro de los señalamientos de Pérez Gutiérrez tiene que ver con las prácticas que según él se emplearon para obtener información. El gobernador aseguró que llegó a sus manos la citación hecha a varios funcionarios para someterlos a dicha prueba. [single-related post_id="950169"] En su comunicación menciona las "indignantes" preguntas con las cuales se realizó, según sostuvo, una "lista negra que incluye a concejales deliberantes, a la Contraloría de Antioquia, al gobernador Luís Pérez Gutiérrez y algunos periodistas". Explicó que los funcionarios que se relacionen en esta llamada "lista negra" como él lo menciona, son inmediatamente estigmatizados como sospechosos o culpables. Dijo que como gobernador considera indignante el proceder de EPM, a la que comparó con "la macabra Gestapo", que busca pulverizar e intimidar la institucionalidad de Antioquia. "El polígrafo indaga sobre quién o quiénes tienen amistad con la Contraloría de Antioquia. También con el polígrafo tratan de volver sospechosos al gobernador y a quienes lo conozcan", se lee en otro aparte del documento. Aseguró que se trata de una obstrucción a la justicia y recordó el papel que según él cumple la gobernación: "Olvida EPM que la Gobernación es dueño y socio mayoritario de la empresa Hidroituango. Olvida que está bajo la vigilancia de un Decreto de Calamidad Pública y olvida la reciente decisión del Archivo Nacional de Colombia de entregar a la Gobernación la salvaguarda de toda la información sobre Hidroituango". El mandatario regional apoyándose en esos argumentos elevaría una denuncia penal y disciplinaria en contra de los directivos de EPM, que a su juicio habrían incurrido en los siguientes delitos:
- Obstrucción a la justicia.
- Intimidación a funcionarios públicos.
- Violación del buen nombre.
- Grave afectación al derecho de la información pública.
