Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá denegó este martes la apelación con la que el expresidente colombiano Álvaro Uribe buscaba que se declarara nulo el caso en su contra por los presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.
El magistrado Manuel Antonio Merchán señaló durante la audiencia que "se regresará a la actuación de manera inmediata para que continúe el trámite procesal en lo que corresponde".
El tribunal, expresó Merchán, resolvió confirmar la decisión del 24 de mayo de 2024 en la cual un juez "denegó a la defensa técnica la nulidad de lo actuado" y agregó que contra esta decisión "no procede recurso alguno".
La decisión a la que se refiere el magistrado es la tomada por una jueza que denegó la petición de nulidad del proceso contra el expresidente al considerarla "absolutamente improcedente", por lo que "se impone su rechazo de plano".
Luego la Fiscalía acusó al exmandatario por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, con lo que el expresidente colombiano se convirtió formalmente en acusado.
Caso que arrancó en 2012
La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe, que era senador, demandó por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista de izquierdas y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, que están presos en las cárceles de Palmira, y La Picota en Bogotá, respectivamente.
Monsalve, un exparamilitar, aseguró que hubo toda una estrategia para aproximarse a él y convencerlo de declarar contra Cepeda.
El expresidente lleva años insistiendo en que se trata de un caso contra él que tiene motivaciones políticas y carece de pruebas.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que este año la Fiscalía decidió acusar al exmandatario, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.
