A horas de publicar la tercera entrega de la Operación Remate, y como era de esperarse, el Tribunal Superior de Venezuela certificó “la victoria” de Nicolás Maduro cuyo saldo deja, hasta la fecha, más de 1.580 presos políticos incluyendo menores de edad y una caza de brujas contra María Corina Machado principalmente.
A este escabroso panorama se suma el reciente hostigamiento a las instalaciones de la embajada argentina acreditada en Caracas, que ha otorgado asilo diplomático a seis miembros del equipo de María Corina Machado y cuya custodia estaba en manos del gobierno brasileño al que Maduro revocó de sus funciones, desatando de inmediato el asedio. Sin embargo, tanto las convenciones americanas sobre el derecho de asilo y la Convención de Viena (1961) son un muro de contención que protege a los asilados y evita cualquier intento de asalto a las instalaciones diplomáticas.
El asedio empezó justamente después de las declaraciones de Juan Carlos Delpino, uno de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien afirmó, en entrevista para el New York Times, no tener evidencia alguna de la “victoria” de Maduro y que el organismo electoral le había fallado a Venezuela. Contradiciendo a los chavistas colombianos, es decir a los petristas, que han asegurado que el sistema es perfecto y que Maduro es legítimo ganador.
Entre las irregularidades que enlistó Delpino, al diario estadounidense, se encuentran: 1. la negativa del Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados máquina por máquina; 2. denuncias de testigos de haber sido expulsados de los colegios electorales a medida que estos se cerraban, lo que les impidió supervisar los momentos finales de la votación; 3. interrupción en la transmisión electrónica de los resultados desde las máquinas de votación al centro de datos del Consejo; 4. la “preocupante falta” de reuniones de directorio en los meses anteriores a la votación, lo que conllevó a Elvis Amoroso a tomar decisiones “unilaterales” sobre el proceso.
De otro lado, el viernes 6 de septiembre, en nombre de cerca de 30 exmandatarios hispanoamericanos, el expresidente Andrés Pastrana se dirigió personalmente a la Corte Penal Internacional en La Haya para solicitar, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) orden de captura contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y toda la línea de mando por crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, tal como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo ha considerado.
Lamentablemente, el fiscal Karim Khan, no ha actuado de manera tan diligente en el caso venezolano como si lo ha hecho contra Bibi Netanyahu y Yoav Gallant. Tal vez sea cierta la información del Washington Post en el sentido en que Venkateswari Alagendra, cuñada del fiscal Karim Khan, es una de las abogadas que defiende a Nicolás Maduro en las investigaciones que tiene ante la CPI por crímenes de lesa humanidad.
Horas posteriores a la visita del presidente Pastrana a la CPI y de la retirada de Brasil de la custodia de la embajada argentina, Edmundo González aterrizó a España en condición de asilado territorial. Según Delcy Rodríguez, vicepresidente venezolana, González salió con salvoconducto de Venezuela aun cuando tenía en su contra una orden de captura por varios cargos; entre ellos, por terrorismo. La operación humanitaria, según diferentes cadenas internacionales de información, fue concertada entre los gobiernos de Caracas y Madrid con intervención de José Luis Rodríguez Zapatero.
Al parecer, con esta maniobra de Maduro, la dictadura en Miraflores da un paso más hacia su consolidación. Si se yuxtapone el reciente tono y las palabras del dictador con la actitud de González se percibe tristemente que el acuerdo sobre el salvoconducto que expidió Maduro, pone en situación de ventaja absoluta al chavismo. De otra manera, González nunca hubiese podido salir de Venezuela.
Resulta precipitado, entonces, decir que todo está perdido o que Maduro se encuentra totalmente debilitado. En este momento cualquier situación podría desencadenar la consolidación del régimen o su caída.
Porque ha venido a enrarecer todo el ambiente, una serie de rumores que hablan de una supuesta intervención en Venezuela o de un posible derrocamiento del régimen cuyo objetivo tendría en la mira además de Nicolás Maduro, a Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Y como si de operaciones sicológicas estuviéramos hablando, el apagón en Venezuela del 30 de agosto habría incrementado la paranoia al interior del régimen y mantendría la esperanza de un golpe de suerte para que la democracia se reestablezca, después de 25 años de tiranía chavista.
Mientras todo esto se sucede, la democracia venezolana queda atrapada en las garras de la nomenclatura chavista que se niega a ceder, en lo más mínimo, espacio para una transición con la ayuda de millones de ciudadanos, en el mundo, que se autoproclaman como progresistas, defensores de los derechos humanos, amantes de la paz y demócratas a ultranza, todos ellos ubicados a la izquierda del espectro político. La histeria desatada contra Netanyahu es inversamente proporcional con el silencio cómplice que gravita sobre el régimen criminal de Nicolás Maduro.
