En los últimos años, la seguridad de Bogotá ha sido una de las principales preocupaciones tanto para las autoridades locales como para sus habitantes. Los indicadores reflejan una capital atrapada en una encrucijada entre la reducción en los delitos de alto impacto como el homicidio, y el incremento alarmante en otros crímenes que afectan la percepción general de seguridad como el hurto a personas y motocicletas. A pesar de los esfuerzos realizados por la administración distrital, la desconexión con las cifras oficiales y la experiencia diaria de los ciudadanos genera una creciente desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
La percepción de inseguridad, que se ha mantenido alta, revela una realidad que va más allá de los números: los bogotanos no solo se sienten más vulnerables, sino que enfrentan el doble desafío de una victimización persistente y la sensación de que las autoridades están en modo reactivo en detrimento de la prevención. Aun así, los indicadores del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ) 2024-2027 son ambiciosos, con objetivos claros como la reducción de 20 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad y la disminución de 18.340 hurtos.
Al igual, se plantea reducir la tasa de homicidios de 13.6 a 8 por cada 100 mil habitantes, sin embargo, el desafío radica en que la percepción de inseguridad no se resuelve únicamente con la reducción de una cifra. La ciudadanía continúa siendo víctima de robos, agresiones y otros delitos que afectan su bienestar material y la confianza en el entorno urbano y sus instituciones. Abordar los factores que contribuyen a la desconfianza generalizada consiste en mejorar la capacidad de respuesta rápida ante incidentes e incrementar la prevención en áreas críticas con una adecuada articulación entre las instituciones de seguridad y las comunidades.
Por lo cual, una forma efectiva de robustecer la seguridad ciudadana consiste en implementar estrategias basadas en encuestas de victimización que permitan obtener una imagen precisa del crimen más que las solas estadísticas oficiales, así es posible identificar los delitos reportados y aquellos que no se denuncian, a partir de una visión completa de los problemas de seguridad. Este modelo sugiere que, además de combatir el crimen, las políticas deben centrarse en las víctimas y sus experiencias, al reconocer cómo la victimización afecta la percepción de seguridad y la cohesión social.
Varios países ya han implementado estrategias que toman la victimización como un punto de partida para diseñar políticas públicas de seguridad más inclusivas y efectivas, como es el caso de Países Bajos y Estados Unidos. Estos ejemplos internacionales proporcionan una base sólida de lecciones aprendidas y muestran que al centrarse en la victimización, es posible mejorar tanto la seguridad real como la percepción ciudadana.
Los Países Bajos han sido pioneros en el uso de encuestas de victimización como parte de su política de seguridad pública. A través de estas encuestas, el gobierno ha podido identificar con mayor precisión los tipos de delitos que afectan a la población, incluso aquellos que no se denuncian oficialmente, como el robo o el acoso. Su principal caso de éxito es la encuesta “Nationale Veiligheidsmonitor”, que se traduce como “Monitor Nacional de Seguridad” y es una herramienta clave para enfocar políticas en áreas de alto riesgo y fortalecer la confianza en las instituciones públicas.
En Estados Unidos uno de los instrumentos más importantes para la formulación de políticas públicas es el “National Crime Victimization Survey (NCVS)”. Esta encuesta mide tanto los delitos denunciados como los no denunciados y proporciona información crucial sobre la percepción de la seguridad en la población. Gracias a los datos del NCVS se han desarrollado programas de intervención enfocados en grupos vulnerables, como las víctimas de violencia de género y los adolescentes en zonas de alto riesgo. Un aprendizaje puntual es que la victimización recurrente en ciertas comunidades está correlacionada con altos índices de reofensores, lo que ha llevado a políticas que priorizan el apoyo psicológico y legal a las víctimas para evitar ciclos de violencia.
Estos ejemplos demuestran que basar las políticas públicas en la victimización permite una comprensión holística de la seguridad ciudadana y fortalece la cohesión social al priorizar a las víctimas en las estrategias de seguridad. Por lo cual la recomendación para el Distrito Capital es plantear una política pública centrada en el ciudadano vulnerado para diseñar respuestas más inclusivas y efectivas, de la mano de un fortalecimiento de la confianza hacia las instituciones y una permanente adaptación local lo que permite a las autoridades diseñar soluciones específicas para diferentes territorios y mejorar la eficacia de las políticas.
