Este martes 16 de noviembre fueron radicadas las primeras demandas en contra de la suspensión de la Ley de Garantías, la cual fue firmada por el presidente Iván Duque en la Ley de Presupuesto de 2022. Congresistas de diferentes colectividades iniciaron las acciones judiciales en la Corte Constitucional para evitar la modificación de la mencionada norma.
El senador Antonio Sanguino y el abogado Gabriel Cifuentes demandaron la suspensión de la Ley de Garantías al considerar que con su sanción el presidente legitimó de manera regular una modificación de las normas que regulan las leyes estatutarias, como es el caso de esta norma, que en este episodio terminó modificada por una ley orgánica, por lo que a juicio de los demandantes es una transgresión a la Constitución.
Los autores de la demanda le pidieron a la Corte que tome decisiones sobre esta acción judicial antes de que comience oficialmente la campaña política de 2022, razón por la cual esperan que se emita una medida cautelar suspendiendo los efectos del artículo que suspende la Ley de Garantías.
"Abre un enorme boquete de clientelismo y de corrupción con el presupuesto general de la nación en favor de las mayorías parlamentarias que llegan al Congreso a punta de clientelismo. Esto lo podemos llamar como una enorme 'Duquelada', mermelada en tiempos de Duque", expresó el senador.
Los accionantes señalan que modificar la denominada Ley de Garantías ad portas de un año electoral es inconstitucional e inconveniente, dado que se abre una delicada puerta a intereses que buscan mediante la contratación pública favorecer a diversos candidatos durante la contienda electoral del 2022.
Entre los argumentos de la acción que llega a la Corte Constitucional, se explica el objetivo de la prohibición dispuesta en la Ley de Garantías y la falta de unidad de materia con la que fue derogada. "La Ley de Garantías es una ley estatutaria, es decir que tiene jerarquía especial, control previo de constitucionalidad y mayorías especiales. Razón por la cual, no puede pretender el ejecutivo y el legislativo modificarla por ley ordinaria como lo es la Ley de Presupuesto", señala la acción.
En la misma línea, el senador Luis Fernando Velasco que radicó otra demanda ante la Corte contra el artículo que suspende la norma en cuestión. "Viola siete artículos de la Constitución y se le quiere hacer una trampa a la democracia", expuso.
El exministro David Luna y el representante José Daniel López se sumaron a la 'demandatón' y radicaron una acción de inconstitucionalidad para frenar la modificación de la Ley de Garantías.
Los demandantes propone dos opciones. La primera es que la Corte suspenda de inmediato la aplicación del art. 124 de la Ley de Presupuesto 2022. La segunda opción es suspender la vigencia del artículo 124 y devolverlo al Congreso, para que se le dé trámite de ley estatutaria y, posteriormente, realizar la revisión previa de constitucionalidad. Lo anterior, puesto que esta norma es estatutaria, no ordinaria.
Además, el senador y precandidato presidencial Roy Barreras también anunció que demandaría la modificación de la norma. "Aquí la demanda de inconstitucionalidad que impedirá que eliminan la Ley de Garantías y conviertan el presupuesto en piñata electoral para consolidar el fraude electoral llamado compra de votos", trinó.
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Hay que recordar que, a pesar de que el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá le ordenó al presidente Iván Duque abstenerse de dar aplicación a la modificación a la Ley de Garantías, al considerar que en su trámite se vulneraron los derechos al debido proceso e igualdad, el mandatario firmó la Ley de Presupuesto General de la Nación, la cual incluye este polémico artículo.
"Un juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe o no objetar, porque eso sería violar la Constitución colombiana. Nosotros firmamos la ley y la firmamos con este artículo, obviamente se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo", sentenció en diálogo con Noticias RCN.
En sus apreciaciones, el juez había señalado que la aprobación del proyecto que decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 21 de diciembre de 2022 "afectó y desconoció de manera grave el principio de reserva, imparcialidad e igualdad electoral".
Lo que hizo el Gobierno Nacional fue impulsar la derogatoria de una norma estatutaria dentro de una ley ordinaria, para esquivar la revisión previa de la Corte Constitucional y así aprovechar las demoras que supone una acción de constitucionalidad para que, cuando el alto tribunal se pronuncie sea irreversible la modificación.
