El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió aprobar con celeridad la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), piedra angular de la justicia transicional y del proceso de paz en Colombia.
El llamado unánime se hizo durante la presentación del último informe trimestral de la Misión de Verificación del proceso de paz en Colombia, en cabeza de Carlos Ruiz Massieu.
Varios miembros del Consejo manifestaron su preocupación por el hecho de que a más de dos años de la firma del acuerdo de paz, la JEP no cuente con el marco jurídico que la regula, al tiempo que le pidieron a los diferentes actores políticos del país que se respeten su independencia, autonomía y dictamen.
A diferencia de los demás representantes, el embajador ruso, Vassily Nebenzia, señaló que la implementación del acuerdo “está en un momento crítico y delicado”, al tiempo que manifestó la preocupación de su país por la situación actual de Colombia.
“Preocupa la decisión de Bogotá de devolver la Ley Estatutaria para que se le hagan cambios. Es importante que los acuerdos firmados se cumplan sin modificación alguna”, dijo el diplomático ruso.
Nebenzia también señaló que hay muchos aspectos que no se han incluido en el informe de Ruiz Massieu y advirtió que “hay mucho descontento de las poblaciones” con el avance de la implementación.
Entre tanto, alertó que se han vuelto a sembrar minas en zonas que ya se habían acreditado como libres de estos artefactos, y subrayó que “la situación en el país es más difícil que cuando se firmó el acuerdo”.
El embajador ruso también hizo un llamado para avanzar en los procesos de reintegración de excombatientes a la vida civil, el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la reforma agraria planteada en el punto 1 del acuerdo de La Habana.
“La comunidad internacional, la ONU esperan que el Gobierno aplique estrictamente sus obligaciones en el marco del acuerdo de paz”, demandó.
La sesión en Nueva York contó con la participación de Rosa Emilia Salamanca, representante de la sociedad civil y copresidenta de la ONG Ciase, quien
La vocera pidió mayor atención, recursos y capacidad institucional para ejecutar los programas de género incluidos en el acuerdo, al tiempo que manifestó su respaldo al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que incluye la JEP.
“Estamos convencidas de que en la JEP, los parámetros internacionales de la violencia sexual se cumplen”, dijo, e insistió en una recomendación para poner en marcha el programa de garantías para mujeres líderes y constructoras de paz.
“Invertir en mujeres genera dividendos para la paz”, aseveró.
Salamanca también se refirió a la polémica suscitada días atrás en el país, luego de que el gobierno de Iván Duque propusiera una reforma constitucional para que los delitos sexuales contra menores de edad no sean juzgados por el mecanismo de justicia transicional sino por la justicia ordinaria. Al respecto afirmó que la violencia sexual “no debería ser utilizada para poner en riesgo los acuerdos alcanzados”, pues “ha sido cometida por todos los actores que han estado implicados” en la guerra en el país.
Por otra parte, subrayó que una reciente demanda de la Comisión de Acusaciones de la Cámara baja del Congreso contra la presidenta de la JEP, Patricia Linares, “enfatiza el imaginario de una persecución a esta instancia y no contribuye al diálogo sino a la polarización”.
El apoyo al mecanismo de justicia transicional en el Consejo de Seguridad fue general. Empezando por el jefe la Misión de Verificación Carlos Ruiz Massieu, quien indicó que “su independencia y autonomía así como su dictamen debe respetarse”.
Karen Pierce, embajadora de Reino Unido ante la ONU, también insistió en “la importancia sobre el funcionamiento de la JEP” e indicó que su país cuenta con que la Jurisdicción “reciba todo el apoyo político y jurídico para consolidar los logros que ha venido registrando”.
“Exhortamos a todas las partes a tomar medidas para la aprobación con celeridad” de la ley estatutaria de la JEP, dijo.
Los demás miembros del Consejo se pronunciaron de manera similar sobre este aspecto: Estados Unidos, Perú, Bélgica, Polonia, Francia, China, Indonesia, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica, Kuwait, República Dominicana y Alemania, actual presidente del órgano.
Jonathan Cohen, el embajador Adjunto de EEUU, recalcó que la JEP es fundamental para investigar y juzgar los crímenes de guerra y pidió a las autoridades colombianas que se “promulgue cuanto antes” su ley marco.
También instó al gobierno de Duque a que tome medidas para evitar reclutamiento de menores y más pedidas para protección de líderes y defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC. Este punto, junto con la reintegración de los exguerrilleros, fueron la segunda mayor preocupación del Consejo de Seguridad.
Entre tanto Marc Pecsteen de Buytswerve, el embajador belga, indicó que es “preocupante observar que ha aumentado la polarización y las tensiones” y advirtió que han aumentado los desplazamientos forzosos, el reclutamiento por parte de grupos ilegales, entre otros.
La representante de Polonia, Joanna Wronecka, hizo énfasis en la necesidad de las garantías de protección a dirigentes sociales, al tiempo que lamentó que exmiembros de las FARC aún no han recibido tierras para sus proyectos productivos y vivienda.
El embajador francés, François Delattre, señaló que la implementación del acuerdo es “fuente de expectativas de la comunidad internacional” y subrayó que una aprobación rápida de la ley estatutaria de la Jurisdicción de Paz “ayudará a que esta institución afiance su autoridad”.
Delattre también pidió a los actores políticos a que respeten las decisiones que toma la JEP e instó a Colombia a que avance en los temas de reincorporación económica y social de los ex miembros de la guerrilla, acceso a la tierra y seguridad.
El Consejo de Seguridad solicitó al gobierno colombiano más medidas “concretas” para garantizar la seguridad en los territorios, pues durante la sesión sus países miembros manifestaron su preocupación por la violencia persistente contra líderes comunitarios.
“Quisiéramos que el ritmo del cumplimiento del proceso aumentara en todo el país. Ha habido algunas demoras”, dijo la representante británica.
Otras peticiones que hicieron los embajadores de los diferentes países fueron acelerar la aprobación y desembolso de fondos para proyectos productivos, decisiones oportunas sobre el acceso a la tierra y sobre el futuro de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los que se reunieron los excombatientes luego de la firma de paz, que finalizan en agosto próximo.
En la sesión que tuvo lugar en Nueva York, el canciller colombiano Carlos Trujillo aseveró que el Gobierno Duque respetará la decisión que adopte el Congreso de la República sobre la JEP, al tiempo que informó las medidas que adelanta el ejecutivo para responder a los retos que enfrenta la implementación del acuerdo.
El jefe de la misión de la ONU también espera que las reformas de la Constitución que planea el Gobierno de Duque no se apliquen retroactivamente a aquellos que han dejado las armas.
“En un clima de incertidumbre -para las víctimas, para aquellos que están sujetos a la Jurisdicción Especial para la Paz, para los miembros de las FARC que esperan fondos para la reintegración social y económica y para las comunidades que han sufrido el conflicto- la mayor incertidumbre sería reabrir elementos que están en el núcleo del Acuerdo de Paz”.
