Tras dos meses de estarse estudiando la posibilidad de que fuera declarada la nulidad de una de las dos sanciones disciplinarias que la Procuraduría le había impuesto a la exsenadora Piedad Córdoba por supuestos nexos con las Farc, la Sala Plena del Consejo de Estado falló a favor de Córdoba y tumbó la sanción que la inhabilitaba por 18 años para el ejercicio político.
¿Por qué estaba inhabilitada?
Los hechos se remontan al primero de marzo de 2008 cuando las Fuerzas Militares del país durante la ‘Operación Fénix’, encontraron varios computadores del entonces jefe guerrillero de las FARC, Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’, en territorio ecuatoriano.
Con este hallazgo salió a relucir información que relacionaba al grupo armado con los gobiernos venezolano de Hugo Chávez y ecuatoriano de Rafael Correa, además de los nombres de una red de cooperantes en varios países de América Latina.
En un primer informe, revelado en mayo de 2008, el CTI de la Fiscalía señaló que Piedad Córdoba habría intercambiado correos electrónicos con el jefe guerrillero y en ellos, usaba los seudónimos de 'Teodora de Bolívar', 'la Negra' y 'la Negrita'. Estas versiones fueron negados enfáticamente por la exsenadora.
Aunque Córdoba en su papel de mediadora había sido autorizada por el gobierno para realizar gestiones orientadas a lograr la liberación de secuestrados, los investigadores consideraron que se pudo haber extralimitado en ese intento.
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En uno de los correos, enviado a 'Raúl Reyes' el 29 de noviembre de 2007, 'Teodora de Bolívar' escribió: “…de todas formas no se preocupen por algunas cosas que yo digo de lo que ustedes cedieron, les conviene, no piensen en ese monstruo, piensen en la organización, tengo una encuesta que mandamos a hacer para mi debate, voy a enviártela, te va ser muy útil, envíala a todos los del secretariado, hay días que favorecen a las Farc, y en eso hay que trabajar...".
En esa fecha, Piedad Córdoba había sido desautorizada como mediadora oficial y para el cuerpo de investigación este pudo ser un indicio de que estaría colaborando en estrategias contra el Gobierno Nacional.
En abril de ese mismo año, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra la senadora Piedad Córdoba Ruiz al considerar que tenía pruebas suficientes para iniciar una investigación formal por sus supuestos vínculos con las Farc. Pero fue en septiembre de 2010, cuando el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, sancionó disciplinariamente a senadora con destitución e inhabilidad por el término de 18 años por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley.
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En el fallo, el ente de control describe que los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la ‘Operación Fénix’ fueron corroborados con distintos medios de prueba. Para el Ministerio Público, la excongresista instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Así mismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo.
Luego de seis años de espera en los que la dirigente política había agotado todos los recursos legales para volver a su cargo y en los cuales las corporaciones judiciales habían decidido respetar la potestad del poder disciplinario del procurador Ordoñez; la ponencia del magistrado William Hernández ante la Sala Plena del Consejo de Estado se convirtió en su última opción.
Al conocerse el proyecto de fallo del Consejo de Estado que planteaba la nulidad de su sanción, el pasado 18 de junio, la exsenadora Piedad Córdoba pidió al alto tribunal un fallo en derecho; “El país sabe que me inhabilitaron arbitrariamente con pruebas que la Corte Suprema invalidó”, escribió en su cuenta en Twitter.
Según el fallo emitido por la Sala Plena, las pruebas del computador de 'Raúl Reyes' no fueron consideradas como válidas. Sin embargo, a la excongresista aún la 'ata' otra sanción disciplinaria con 14 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, que se encuentra siendo también estudiada. En ese caso, la Procuraduría aseguró que Cordobá le entregó $25 millones a un candidato a la Cámara de Representantes, constituyéndose en una falta de participación indebida en política.
