Siguen habiendo reacciones a la denuncia del presidente Gustavo Petro, de una supuesta "ruptura constitucional" en la Fiscalía y Procuraduría debido según él, a los último hechos donde se le ha suspendido su canciller Álvaro Leyva y se pretende de acuerdo al mandatario, "procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos ", en lo que sería según el mandatario, un golpe a su administración.
Ante esto, el representante a la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro, comunicó en sus redes sociales que llevarán la actual situación a instancias internacionales, lo que consideran ellos una "violación a varios derechos humanos y principios democráticos".
Para el congresista hay una serie de aspectos en los que se determina que si "hay una ruptura institucional", en ellos enumera por ejemplo: "suspensión de funcionarios gubernamentales y investigaciones y Allanamientos", entre otros temas.
"Instauraremos denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto a varios congresistas por la ruptura institucional en Colombia manifestada en: 1- Suspensión de Funcionarios Gubernamentales; 2- Investigaciones y Allanamientos; 3- Presiones ilegales a testigo con el objetivo de incriminar al Presidente Gustavo Petro; 4- Criminalización de Apoyos Políticos; 5- Uso de Instituciones para Persecución Política", dice el posteo del congresista.
Más adelante en el escrito, Toro aseguró que pedirán una investigación imparcial sobre los hechos denunciados.
"Consideramos que existe violaciones a varios derechos humanos y principios democráticos: El derecho a la justicia y al debido proceso; la libertad de asociación y expresión; el derecho a participar en el gobierno y en la vida pública de su país", agregó:
"Ante estos hechos, solicitamos a la CIDH que: 1- Admita esta denuncia y la examine de acuerdo con sus procedimientos. 2. Realice una investigación imparcial sobre los hechos denunciados. 3. Instar al Estado colombiano a garantizar el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión y asociación, y la participación política".
Grupo de Puebla apoya a Petro en sus declaraciones sobre la Fiscalía
El Grupo de Puebla denunció este viernes una campaña de "judicialización de la política" contra el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, que presuntamente está liderada por el fiscal general, Francisco Barbosa, y la procuradora, Margarita Cabello.
En un comunicado firmado entre otros por los expresidentes Ernesto Samper (Colombia) y Rafael Correa (Ecuador), el Grupo de Puebla expresó "su profunda preocupación por la campaña de judicialización de la política (lawfare) que vienen adelantando contra el presidente Gustavo Petro, su familia y su Gobierno".
También acusó a Barbosa y Cabello de ser "integrantes reconocidos de la derecha colombiana quienes hoy se encuentran en abierta oposición al Gobierno progresista de Petro".
"La insistencia de estos funcionarios en convertir la persecución judicial del Gobierno y su familia en una causa política, además de causar un daño reputacional al presidente, está deteriorando la democracia del país y distrayendo la justicia que debería estar ocupada en la persecución de la criminalidad", agregó el comunicado.
