Han sido muchos los llamados que ha hecho la senadora María José Pizarro a la Fiscalía General de la Nación, organismo actualmente en cabeza del Fiscal Francisco Barbosa por las dilaciones del organismo en el marco de las investigaciones por la muerte del líder de izquierda y candidato presidencial Carlos Pizarro, asesinado al interior de un avión el 26 de abril de 1990. Más recientemente, tanto la congresista como familiares, han advertido que Jaime Ernesto Gómez, escolta de Pizarro e importante involucrado en el caso, quedó en libertad por demoras de la entidad.
En diálogo con Kienyke.com María José Pizarro, quien hoy por hoy trabaja por los ideales de su padre desde la rama legislativa, expresó su descontento con la gestión de la Fiscalía y denunció las dilaciones que, a más de 30 años del magnicidio, sigue sin dar luz en el caso.
“Estabamos ad portas de una decisión por parte del juzgado en relación con Jaime Ernesto Gómez, quien llevaba hasta hace pocos días 4 años detenido. Desafortunadamente el fiscal que lleva hoy el caso, de manera inexplicable fue trasladado en primer lugar al Guainía, después fue trasladado al Chocó y le fue retirado el caso. Mediante solicitudes, cartas, que enviamos a la Fiscalía, fue reasignado el caso pero se mantiene en el Chocó, lo que ha impedido que pueda realizar sus labores con toda la diligencia”, explicó María José Pizarro.
Las declaraciones de María José Pizarro fueron más allá y acusó unas “estrategias de dilación” que, al menos en este caso, se han registrado durante los últimos 20 años.
De hecho, frente a lo sucedido durante los últimos años en la administración de Francisco Barbosa, la senadora María José Pizarro aseguró que ha buscado contactar con él para solicitarle mayor compromiso con el magnicidio de Carlos Pizarro, que cabe recordar fue declarado de lesa humanidad años atrás.
“Le he enviado comunicaciones oficiales a través de la defensa, comunicaciones directas como ciudadana y no he recibido una sola respuesta por parte del Fiscal Barbosa. Yo no quisiera reafirmar ni entrar en la tesis de que esto puede ser una retaliación política por mis posiciones políticas y por las críticas que he hecho a su desempeño como Fiscal”, manifestó Pizarro.
Al ex escolta Jaime Ernesto Gómez se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva de la libertad en el centro carcelario de La Picota, en Bogotá, desde el 16 de enero de 2017. Dicha medida se impuso por un término de dos años, siendo prorrogada por dos años más por pertenecer a un grupo armado organizado, extendiéndose a un tiempo total de cuatro años. Entre tanto se avanzó en la investigación, se llevaron a cabo las audiencias y se definió, entre otras cosas, la solicitud de sometimiento de Gómez a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, la cual fue rechazada en marzo de 2022.
