Los abusos cometidos en albergues infantiles de Panamá son fruto de un sistema desprofesionalizado que discrimina a las poblaciones vulnerables, aseguró este lunes a Sputnik la trabajadora social y activista Yuri Pittí.
"La situación en los albergues es apenas una pieza en un rompecabezas social complejo, fruto de un sistema que define quién importa y quién no, y al que no le interesan la niñez y la vida más que como eslogan", aseguró Pittí a esta agencia, a propósito del escándalo que ya forzó el cierre de varios centros de acogida.
Una comisión parlamentaria entregó la semana pasada a la Procuraduría General de la Nación un informe de más de 700 páginas que documenta casos de abusos físicos, sicológicos y sexuales perpetrados desde hace años en albergues infantiles.
Desde ese momento se han producido manifestaciones que reclaman no solo que los responsables directos sean identificados y procesados, sino la renuncia de quienes debían velar desde el Estado por la seguridad y el bienestar de esas víctimas.
RESPONSABLES
En particular las críticas se han concentrado en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Panamá (Senniaf), cuyas autoridades tratan de salvar responsabilidades alegando que los albergues son administrados por organizaciones no gubernamentales e iglesias.
"Vemos el esfuerzo del Gobierno por hacer ver que la culpa es de quienes administran los albergues, pero el Estado da los permisos de operación y tenía la responsabilidad de supervisar y verificar el bienestar de los menores", replicó Pittí.
Para la educadora, esta crisis responde además a la desprofesionalización imperante en tareas sensibles de la sociedad, fruto de gobiernos que asumen las instituciones como una suerte de cartera de empleos para sus allegados, sin tomar en cuenta sus capacidades.
"La falta de funcionarios calificados crea una gran barrera para que las instituciones cumplan con tareas tan sensibles como atender poblaciones vulnerables, sobre todo niños y niñas", señaló la también docente en participación ciudadana.
A Pittí también le preocupa que ninguna de las personas vinculadas a los casos haya sido destituida aún, y por el contrario, llevan las riendas de una investigación en la que son juez y parte.
En particular le inquieta la permanencia de las mismas autoridades de la Dirección de Protección al Menor en el Senniaf, que meses atrás despidieron a las trabajadoras sociales que presentaron un informe sobre los abusos en los albergues.
TRANSPARENCIA Y CRITERIO
"¿Cómo podemos dialogar, cuando en los puestos de dirección siguen los cómplices que facilitaron con su negligencia los abusos?", cuestiona Pittí, quien lamentó que la reacción gubernamental sea cerrar albergues sin mucha claridad de criterio.
En tal sentido, propuso crear una comisión "ad hoc" emanada de la sociedad civil y con personal técnico calificado, que defina mecanismos y protocolos para garantizar que los menores de edad estén protegidos.
Pittí también señaló la falta de transparencia gubernamental sobre un caso denunciado desde el comienzo por medios independientes, lo cual consideró un "obstáculo inmenso para propuestas más técnicas, enmarcadas en información veraz".
Apuntó que quienes se atrevieron a denunciar sufrieron represalias, como despidos y acoso, y las autoridades desplegaron a la policía y los antimotines para reprimir a quienes salieron a manifestarse y expresar su repudio por los abusos.
Según un informe de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá, en 12 albergues estatales se registraron desde 2017 a la fecha abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes.
El Ministerio Público se comprometió a investigar los actos ilícitos e irregularidades en los albergues administrados por la Senniaf, y reveló que desde 2020 la institución trabaja en una denuncia relacionada con dichos centros.
Por: Sputnik
